La
pertenencia de España a la Unión Europea ha supuesto nefastas consecuencias
para los sectores agrícola, pesquero y ganadero y, con ello, para la mayoría
obrera y popular.
La
Unión Europea, como estructura al servicio del capitalismo y sus intereses,
crea, implanta y desarrolla políticas económicas encaminadas a beneficiar a los
grandes grupos monopolistas, quienes principalmente buscan elevar su tasa de
ganancia. Dentro de esta estrategia, a los pueblos de la UE se les impone
cuánto producir, a quién vender, a quién comprar, a qué precios hacerlo...
teniéndose en cuenta únicamente los intereses del capital monopolista y con
absoluto desprecio hacia el nefasto impacto que estas políticas tienen para la
clase obrera y los sectores populares, especialmente para los pequeños
productores.
La
Política Agraria Comunitaria (PAC) es una de estas herramientas al servicio de
los intereses del gran capital. Bajo el objetivo de “asegurar al consumidor
europeo suministros a precios razonables y garantizar una retribución
equitativa a los agricultores, además de contribuir al desarrollo del mundo
rural”, con total impunidad se subvenciona a los terratenientes por la simple
titularidad de vastas extensiones de terreno y sin importar en absoluto si en
esas tierras se produce o no y, por tanto, si se genera empleo en el campo o
no.
Son
beneficiarias de la PAC importes familias millonarias como los Mora-Figueroa,
los Bonet Ferrer, los Hernández Barrera o los Solís, quienes han percibido de
la PAC importes más abultados que la familia (de rancio abolengo) Alba, o que
el propio ministro de Agricultura Arias Cañete (¿será casualidad que haya
ocupado la misma cartera de Agricultura en los gobiernos de Aznar y Rajoy?).
Todas estas ayudas que se pagan con dinero público, procedente de los impuestos
que pagan la clase obrera y el pueblo trabajador, mientras el campo se
empobrece año a año, mientras los consumidores pagan más por los productos que
compran en los mercados y mientras los países “menos desarrollados” no pueden
acceder al mercado europeo, totalmente blindado por medio de aranceles.
El
desmantelamiento de determinados cultivos (como la vid en algunas zonas del
país) a cambio de cuantiosas sumas para los terratenientes, ha propiciado la
ruina para las trabajadoras y los trabajadores en muchas regiones eminentemente
agrícolas, destruyendo la única (en muchos casos) fuente de empleo y riqueza y
dejando a esas regiones sin alternativas efectivas y duraderas.
Las
condiciones de miseria y explotación en amplias zonas del campo español no han
variado mucho con respecto a las del siglo XX y muestran, además, que el
capitalismo del siglo XXI no hará más que empeorarlas.
Por
otra parte, la UE promueve acuerdos con terceros países a través de los cuales,
y siguiendo la misma lógica, se dicta qué deben producir esos países para poder
acceder al mercado europeo, obligando por tanto a modificar los sistemas de
cultivo y, nuevamente, favoreciendo a los grupos monopolistas que son
propietarios de vastas superficies cultivables.
En
materia ganadera, la PAC también cumple una finalidad concreta al servicio de
las grandes empresas. Los pequeños productores no tienen cabida en un modelo
orientado a las grandes explotaciones de las que se nutren las cadenas de
distribución alimentarias, que imponen unos precios que, en la práctica,
terminan por expulsar del mercado a las pequeñas explotaciones, concentrando
aún más la producción y avanzando en la proletarización de los pequeños
propietarios.
La
imposición de cuotas en la producción hace que no se desarrollen las
capacidades productivas existentes, se perjudique el empleo y se llegue al
extremo de tener que comprar fuera del país lo que bien se podría producir en
España.
Sin
tener en cuenta la finalidad de beneficiar a los intereses de las grandes
corporaciones alimentarias europeas no se puede entender ni explicar la PAC.
La
Política Pesquera Común (PPC), al igual que la PAC, también se orienta a
satisfacer los intereses de los monopolios empresariales. Al ponerse del lado
de las grandes flotas de altura, cuya creación y desarrollo ha fomentado,
perjudica a la pesca tradicional de bajura, lo que nuevamente supone
destrucción masiva de empleo.
Como
consecuencia práctica de la pertenencia de España a la UE, se está
desmantelando el sector pesquero. España es uno de los países más perjudicados
en el reparto de cuotas pesqueras que marca la UE. La flota española ha pasado
de representar el 52% de la capacidad pesquera de la UE en 1985, al 39% en
2011, lo que se ha agravado con la firma de convenios con otros países como
Marruecos, en los que prima garantizar el acceso a los caladeros menos
explotados a las grandes empresas.
Esta
reducción de capacidad en la cuota ha mermado la flota pesquera, vía desguace o
exportación. Además, la flota existente permanece, cada vez más tiempo,
amarrada en puerto, lo que implica que cada vez más pescadores busquen otras
posibilidades de trabajo.
Podemos
concluir, sin miedo a equivocarnos, que la Unión Europea representa un lastre
para las potencialidades agrícola, pesquera y ganadera de España. Y por lo
tanto un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el
autoabastecimiento y la generación de riqueza por medios propios.
No hay posibilidad
de que la UE ejecute otras políticas, por ejemplo en beneficio de los pequeños
productores, pues la UE nació y se ha desarrollado como instrumento a favor de
los monopolios, por tanto a favor de la concentración capitalista.
La
clase obrera y los sectores populares han de ser conscientes de que, al igual
que no es posible otro capitalismo, no es posible una Europa de los Pueblos,
porque la UE es un proyecto del propio capitalismo.
Toni
Pérez
