En los últimos años hemos ido observando en
nuestra “democrática y ejemplar” Europa la creación de legislación cada vez más
cercenadora de las libertades en general, y de la ideología marxista-leninista
en particular, a la par que nos instalábamos en la enésima crisis capitalista,
esta vez desde su perspectiva especuladora, que al mismo tiempo que socializaba
las pérdidas sirve de excusa para recortar tanto el llamado estado de bienestar
como las libertades de las que tanto se enorgullecen nuestros políticos y
gobernantes.
Ya desde 1991 en Lituania, Letonia y
Estonia se ilegalizó el Partido Comunista, ilegalización que también ocurre en
Rumanía. Además en Polonia aprobaron el 8 de junio de 2010 el nuevo Código
Penal en el cual en el artículo 256 se prohíbe producir, registrar, importar,
vender, comprar, regalar, transportar o enviar simbología comunista con fines
propagandísticos, bajo penas que van desde multas hasta dos años de cárcel. En
Hungría y Moldavia también es ilegal la hoz y el martillo.
También podemos contar la ilegalización
de la Unión de
Jóvenes Comunistas de la
República Checa , disuelta oficialmente por el Estado Checo el
12 de octubre de 2006, alegando para ello el ministerio del Interior que, en su
programa, incluía ¡la necesidad de sustituir la propiedad privada de los medios
de producción por la propiedad colectiva!. Poco después se hizo lo propio con
el Partido Comunista de Bohemia y Moravia, a raíz de una comisión formada por
el Senado checo promovida por una moción presentada por el diputado “verde”
Jaromir Stetina.
Podemos continuar con las condenas a dos
años de prisión a la dirección del Partido Comunista de los Trabajadores
Húngaros por “injurias”.
Como broche cabría incluir la pregunta
que el parlamentario Georgios Toussas formuló al Consejo Europeo en la sesión
del 16 de abril de 2009: “En el pueblo de Svirplyay, en Lituania, se ha
encontrado recientemente un retrato del líder histórico de la Revolución de Octubre,
Vladimir Ilych Lenin. La policía ha abierto una investigación de inmediato para
perseguir a los responsables y acusarlos de “mostrar en público símbolos
comunistas”. Esta medida se ha adoptado en virtud de la notoria legislación
anticomunista que sirvió para ilegalizar al partido comunista ya en 1991 y para
prohibir el uso de símbolos soviéticos y comunistas en 2009.
Estas acciones forman parte y alimentan
la histeria anticomunista, en cuya difusión las instituciones de la UE desempeñan un papel
principal. Este se ha caracterizado históricamente por tratar de equiparar, sin
éxito, el fascismo y el comunismo, por tratar de criminalizar la ideología
comunista y por prohibir el uso símbolos comunistas, así como las acciones y
operaciones de los partidos comunistas. La historia ha demostrado que el
anticomunismo y la persecución de los comunistas son siempre los precursores de
una agresión general a los trabajadores, los derechos democráticos y las
libertades populares.
¿Puede aclarar el Consejo si condena
dicha campaña anticomunista y la existencia misma de esta inaceptable
legislación anticomunista, que tiene como objetivo impedir la libre circulación
de ideas y la actividad política sin obstáculos en Lituania y también en otros
estados miembros?”
Por si alguien tenía alguna esperanza, y
para que sepa lo que pude esperar de las autoridades y órganos de la UE y de sus naciones
integrantes la respuesta que recibió fue ésta: “El Consejo no ha debatido esta
cuestión ya que se trata de un asunto interno del Estado miembro afectado”.
No satisfechos con esto, en la reunión
de la OSCE
celebrada en Julio de 2009, se aprobó la resolución que, bajo el pomposo título
“La reunificación de la Europa
dividida: promover los derechos humanos y las libertades civiles en la región
de la OSCE en el
siglo XXI”, en el párrafo 14 se señala que los partidos comunistas deberían ser
desmantelados, siendo acusados de ser “estructuras con patrones de
comportamiento que idealizan el pasado, intentan volver a él o extenderlo hacia
el futuro”.
Evidentemente la lista está lejos de ser
exhaustiva, y cada día que pasa suma nuevos ejemplos. Así podemos ver, sin ir
más lejos, las nuevas competencias con que ha dotado el Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna ,
municipio de la isla de Tenerife, a su Policía Local, para que, sin tener que
poner sobre aviso a otros cuerpos, puedan multar con cantidades que van desde
100 hasta 300 euros a todo el que “ocupe la vía pública obstaculizando su uso”
sin el pertinente permiso. O sea, que intentar plantear una reivindicación o
airear unas protestas o razones te puede costar económicamente muy caro:
¡disuasión económica! Y más en los tiempos que corren.
O ver como los mismos que cínicamente se
rasgan las vestiduras ante cualquier sugerencia de una democracia directa y
participativa en la que el ciudadano pueda tomar parte activa en la toma de
decisiones, “pues para eso ya están sus representantes votados legítimamente”
aplauden que, con bandas fascistas como punta de lanza, “el pueblo” eche a un
oligarca impresentable en Ucrania para poner a “nuestro” oligarca. Y si en el
camino mueren tiroteados algunos policías y se lincha públicamente y con
imágenes a uno de ellos... ¡bien hecho! ¿Qué creen que dirían estos mismos
tipos si en los disturbios que unos meses antes asolaron barrios populares de
varias ciudades inglesas unos jóvenes hubieran cogido a un policía y lo
hubieran linchado?
No nos llamemos a engaño. Como bien
reflejó Toussas en 2009 estamos contemplando la adopción de medidas para
criminalizar las protestas y perseguir a las organizaciones comunistas, ante el
temor de que las ideas revolucionarias avancen en esta Europa en la que los
trabajadores cada vez ven menos esa idílica Europa que nos venden, y sí, en
cambio, observan empeorar radicalmente sus condiciones de vida, aumentar el
paro y la pobreza, perder derechos y libertades de forma acelerada, disminuir
su poder adquisitivo y crecer más y más las desigualdades.
Recuérdenlo: la democracia burguesa es
un lujo de burgueses ricos y acomodados. En tiempos de crisis hay que
restringir los lujos y, como consecuencia, la democracia burguesa cada vez es
menos democrática y va siendo incorporado su recambio natural: el fascismo.
Desde que se instauró el capitalismo se
viene produciendo una inacabable guerra de clases y, en estos tiempos, los
capitalistas van ganando. Son menos, y si lo consiguen no sólo es por tener los
medios represivos a su disposición, sino, también, en función del dominio
ideológico sobre los trabajadores, con la inexcusable ayuda política de las
fuerzas oportunistas y reformistas que proyectan la concepción de que el
capitalismo es reformable y mejorable para el conjunto de la clase trabajadora.
Los beneficios –la famosa plusvalía-
sólo se consiguen por la explotación del trabajo, por la parte que se apropia
el capitalista. Cuando el capital no obtiene la suficiente renta en la
producción y venta de recursos se lanza al ámbito especulativo: el famoso
capitalismo especulativo (el “nuevo capitalismo financiero” de los últimos
años). Y cuando les estalla la burbuja estos liberales empedernidos no tienen
empacho en llamar a sus lacayos del gobierno para que –con dinero público- se
tapen los agujeros de sus balances y les salven sus ganancias.