“ … el día 6 de febrero, se cumplirá
un año de uno de los días más importantes de mi vida. Un día que jamás olvidare
y en el que por primera vez después de tres cuartos de siglo de espera, recayó
en mí el honor de contar a la mas alta instancia judicial de este país, el
Tribunal Supremo, en calidad de testigo de la defensa del juez Baltasar Garzón,
los crímenes y atrocidades cometidos en Aguilar de la Frontera como
consecuencia de la represión desatada tras el alzamiento militar del 18 de
julio de 1936 .”
El
Tribunal Supremo comenzó el día 24 de enero a juzgar a Baltasar Garzón, por un
supuesto délito de prevaricación, por intentar investigar los crímenes y
desapariciones forzadas de cientos de miles de personas que el franquismo y
todos sus secuaces llevaron a cabo.
El
juicio termino y el juez fue absuelto. Ha transcurrido desde entonces ya un año
y la petición masiva de los familiares de las víctimas aún sigue sin tener
respuesta. Seguimos sin conocer la verdad,... toda la verdad. La justicia sigue
sin hacer acto de presencia y aún menos la reparación.
Los
familiares de las victimas seguimos aún, reclamando justicia. Una justicia que
vergonzosamente hemos tenido que ir a buscar fuera de de nuestras fronteras.
Para vergüenza una vez mas de este “democrático y justo” país.
Una
petición que durante muchos años ha correspondido … solo a las víctimas, a las que de forma sistemática se les
ha negado , una y otra vez el derecho a conocer la verdad. Un derecho
intrínsicamente unido a la obligación del Estado de investigar y facilitar
precisamente “… ese derecho...“en cumplimiento de sus
obligaciones prescritas por el derecho internacional de los Derechos Humanos,
así como en la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de
los mismos.
El
estado Español no ha cumplido nunca con la obligación de investigar los
crímenes contra el derecho internacional perpetrados durante la guerra civil
española y el régimen franquista, ni ha tutelado judicialmente jamás los
derechos de las víctimas ni antes, ni durante ni después de la transición, aún
cuando el Estado tiene la obligación de demostrar su compromiso con los
derechos humanos y adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar que
hechos parecidos vuelvan a ocurrir en el futuro.
Desafortunadamente,
tras más de 75 años de aquellos hechos, las victimas aún hoy continúan siendo
objeto del desamparo legal más absoluto en nuestro país, en un estado de
derecho que constantemente ha vivido de espaldas a sus responsabilidades,
durante mucho tiempo desatendiendo las peticiones de justicia de los familiares
de víctimas de la dictadura y la represión franquista,
un estado que continua dejándolos también hoy en la mas cruel de las
indefensiones. al permitir
y prolongar de forma consciente la impunidad de los verdugos, desoyendo de esta
forma los mandatos de las Naciones Unidas y los Convenios y Protocolos de
Ginebra, a pesar de haber sido España un referente mundial en la aplicación de
esos mismos convenios para investigar crímenes de lesa humanidad en otros países
y el juez al que se separó de la carrera judicial, un ejemplo mundial en la
aplicación del principio de jurisdicción universal en la lucha contra la
impunidad.
Curiosamente
el único juez que ha tenido la valentía histórica de intentar hacer justicia y
exigir responsabilidades en este país, el único juez que nos ha tratado a las
victimas como personas ante un tribunal de justicia,cuando los familiares hemos
solicitado la petición de auxilio de la justicia en la localización del
paradero o destino final de nuestros familiares asesinados y desaparecidos.
Ese
juez, el único juez en España que se atrevió a iniciar la investigación sobre
la responsabilidad del régimen dictatorial franquista, poniendo en marcha para
ello los mecanismos del estado en la búsqueda oficial de todos nuestros
familiares, incomprensiblemente va a ser juzgado por ello. Mientras los restos
de mas de 152.000 personas aún permanecen en cunetas, descampados y
cementerios, sin que nadie mueva ni un solo dedo para deshacer esta vergonzosa
situación, que nos sitúa a la cabeza mundial de los países donde las
desapariciones forzadas permanecen impunes y lo que es peor aún amparadas por
el estado.
Y
con ello, nuevamente, el deber de conocer la verdad y el derecho a la
reparación de los crímenes cometidos por la dictadura, seguirá quedando impune
y las victimas, las asociaciones de familiares que hemos aventado este problema
y denunciado las desapariciones, hemos tenido que volver a esperar, a armarnos
de paciencia una, otra vez mas …
No
queremos esperar más, por que esta sociedad no puede defraudar nuevamente a las
victimas, por que el Estado tiene la obligación y el derecho interno e
internacional que le obliga a investigar hasta sus últimas consecuencias las
denuncias de violaciones de los derechos fundamentales y los crímenes de lesa
humanidad, facilitando todas y cada una de las medidas necesarias, para que las
victimas en el ejercicio de sus derechos puedan conseguir que en este país de
una vez por todas se haga justicia, justicia democrática, por que no sólo la
integridad de la legislación española está en juego, sino también el concepto
mismo de justicia en España.
Autor: Rafael Espino Navarro
