La
divulgación hace unas pocas semanas del informe fiscal que, a petición
del Ministerio de Hacienda, ha realizado el llamado “grupo de expertos”
presidido por el catedrático Manuel Lagares, hace pública la agenda fiscal del
capitalismo español y marca la senda a los diversos gobiernos que se sucedan en
los próximos años. Bajo la supuesta neutralidad académica, las
conclusiones que presentan en su informe, son una suma de 125 propuestas
absolutamente lesivas para los intereses populares.
Aumento de los impuestos proporcionales indirectos tipo IVA en el que todos
pagamos el mismo porcentaje, reducción de los tipos impositivos directos y
tramos fiscales del IRPF y reducción del impuesto de sociedades son, en
resumen, junto a una evidente tendencia a la unificación fiscal que apunta
directamente contra las competencias autonómicas en esa materia, la esencia del
paquete presentado al ministro Montoro para, en el tiempo que elijan este
gobierno o sucesivos, vayan aplicándolas. Medidas tendentes a
rebajar la recaudación directa de impuestos y compensarla con los impuestos
indirectos en un escenario de drástica reducción de las políticas sociales
(pensiones, sanidad, educación, desempleo, invalidez…) y el gasto
público, para cumplir el objetivo sagrado ¡y constitucional! de reducción del
déficit público.
En un país de crecientes desigualdades sociales en el que la brecha entre
ricos y pobres no para de crecer y las rentas del trabajo con un 44,2% del PIB
son inferiores a la parte de los beneficios empresariales en 1.9 puntos,
todas las medidas que apuntan los 270 cambios tributarios que se desarrollarán
en los próximos años no suponen más que una consolidación de esta
situación. El capitalismo en crisis necesita adoptar este tipo
de medidas fiscales para mantener los beneficios del gran capital y
seremos la clase trabajadora y los sectores populares quienes de forma
progresiva asumamos el peso impositivo del Estado. No hay duda, ese
es el camino y todos los gobiernos –sean del PP, del PSOE o de “progreso” con
la participación de diversas fuerzas oportunistas– estarán obligados a cumplir
con este recetario firmado por el Sr. Lagares, pero dictado por el FMI y la
Comisión Europea.
Un asunto que viene de lejos y que desde la unificación del IRPF en 1978
por el gobierno de la UCD hasta la última reforma fiscal de 2012 en que, por la
crisis de la deuda –excepcional y temporalmente– se le subió más el tipo a las
rentas altas que a las bajas , ha sufrido un proceso regresivo imparable
sustanciado en los siguientes datos: el PSOE ha bajado 14.5 puntos a las rentas
más altas y el PP 8, el PSOE le ha subido 14 puntos el tipo a las rentas más
bajas y el PP se lo ha bajado 5. Sí, efectivamente, pues como
dijera en mayo de 2003 Rodríguez Zapatero "bajar impuestos es de
izquierdas" y "resulta increíble que en algún momento nuestras
posiciones intelectuales hayan estado tan cerradas”. Palabras que en un
momento de crecimiento económico en el que no consideraron necesario andar con
mayores mentiras a su electorado, expresaron con claridad el nivel de
compromiso orgánico de la socialdemocracia (y aliados) con las necesidades del
capitalismo en cada momento y dejan apuntada en negro sobre blanco su posición
política en temas fiscales.
En resumen, estamos ante una declaración de guerra del
capital a las, cada vez más reducidas, rentas del trabajo, que no
se verá modificada con un futuro cambio de gobierno y que requiere de una
respuesta contundente y organizada del pueblo en la calle, enfrentando cada una
de las medidas que progresivamente se irán adoptando por los sucesivos
gobiernos centrales y autonómicos.
