El Empleo Comunitario fue un sistema de empleo social
implantado en 1971 con el objetivo de evitar o amortiguar las protestas
sociales de los jornaleros en Extremadura y Andalucía. Existía una
situación de precariedad en este sector social, debido a la incipiente
destrucción de cultivos sociales que generaban un alto nivel de desempleo y a
los salarios miserables en el campo.
Este sistema de trabajo social estaba gestionado por los ayuntamientos y
destinado a la realización de obras públicas. El Estado suministraba los
materiales de obra y los jornaleros tenían derecho a trabajar durante 16
días mensuales, pudiendo trabajar durante los restantes 14 días por su cuenta
en otros lugares.
La remuneración se fijaba por el correspondiente convenio provincial del
campo. Extrapolándolo a la actualidad, un jornalero tenia garantizado
unos ingresos mínimos de 617 euros (convenio del campo de Extremadura) o de 698
euros según el convenio del campo de Córdoba.
Por otra parte, los trabajadores percibían también el beneficio adicional
del resultado de las obras. Durante el tiempo que duró este sistema los
pueblos de Extremadura y Andalucía experimentaron una transformación radical.
Se pavimentaron las calles, se construyeron piscinas y complejos deportivos, se
hicieron parques, se mejoró el alumbrado público, se extendió y mejoró el
alcantarillado, etc.
Todo esto eran “resultados colaterales” para los gobiernos de la
época, el objetivo principal era evitar revueltas sociales en el campo
en un momento histórico de debilidad del régimen burgués. De hecho, los
años 70 fueron donde se alcanzaron las mayores cotas de derechos sociales y
laborales para los trabajadores, que tendrían su culminación en la Ley
de Relaciones Laborales de 1976, donde, por ejemplo, se establecía la
causalidad en el despido y la potestad del trabajador de ser readmitido en caso
de despido improcedente. La indemnización por despido era de 60 días por un
máximo de 60 mensualidades.
Sin embargo, este objetivo no solo no se cumplió si no que, al estar los
trabajadores concentrados en tajos, facilitó su organización y conciencia de
clase. En los años 70 y 80 se produjeron movilizaciones y una
organización de los jornaleros sin precedentes.
En los últimos años de la década de los 70 y los años 80 del siglo pasado
se procede a la reforma de un régimen debilitado y se afronta
la creciente conciencia de clase y la progresiva organización de los
trabajadores. El objetivo de esta reforma es garantizar la continuidad
en el poder de la oligarquía y hacer su dictadura más eficaz, aumentando
significativamente los niveles de explotación de la clase trabajadora. Nunca
llegaron a imaginar hasta qué punto tendrían éxito.
En el campo surge la necesidad para el régimen de establecer un sistema que
produzca los efectos contrarios al Empleo Comunitario. Y así surge el llamado
PER (Plan de Empleo Rural), que sigue vigente aunque con otras siglas (AEPSA).
Este sistema consiste en un subsidio de desempleo durante seis
meses con una remuneración del 75% del SMI (426 €). Se exigen una cantidad de
peonadas cotizadas para acceder a este subsidio, en la actualidad son 20 por
año.
El sistema se implantó en 1984 por el gobierno “socialista”. Se
produjeron enormes movilizaciones en todo el territorio de Extremadura y
Andalucía para impedir el cambio. Ocupaciones de fincas, cortes de
carreteras, marchas, manifestaciones, etc., pero los llamados “sindicatos”
oficiales terminaron por traicionar y vender a los jornaleros, aceptando
el nuevo sistema. El nuevo Estatuto de los Trabajadores, aprobado
en 1984, establecía las subvenciones a los sindicatos mayoritarios, es
decir, su adquisición por parte del Régimen.
En 1987 también se produjo una gran movilización de trabajadores agrarios
solicitando la eliminación de las peonadas necesarias para acceder al subsidio
y que culminó con una masiva marcha por Madrid, donde recibieron el
apoyo entusiasta del pueblo trabajador de Madrid. Pero, una vez más, los
burócratas corruptos de los sindicatos oficiales traicionaron y vendieron a los
trabajadores. Aceptaron que el sistema siguiera tal cual.
Este sistema de subsidio agrario (PER o AEPSA), además de empeorar
significativamente el nivel de vida de los trabajadores agrícolas, es un
sistema corrupto y corruptor. En primer lugar, no significa lo mismo en
cuanto a adquisición de conciencia de clase cobrar un subsidio que realizar un
trabajo por el que eres remunerado. Pero es que la obligación de
justificar las 20 es un arma en manos del terrateniente que chantajea al
jornalero, que en muchos casos tiene que pagar su coste en cuanto a
cotización a la seguridad social. Las peonadas se terminan comprando, dándose
el caso paradójico de que un jornalero real no pueda conseguirlas, por negativa
del terrateniente y por lo tanto no pueda acceder al subsidio y que por el
contrario alguien que jamás haya trabajado en el campo (ni en ningún otro
sitio) sí perciba ese subsidio porque ha comprado las peonadas o porque tenga
familiares o amigos agricultores.
El cambio de sistema también acarreó otras consecuencias nefastas para los
trabajadores del campo. Su conciencia de clase se desplomó y su
capacidad de organización prácticamente desapareció. Las organizaciones
sindicales que encabezaron las luchas jornaleras sufrieron una mutación
drástica. CC.OO. del campo prácticamente desapareció y sus restos se asimilaron
a la naturaleza corrupta y de servicio al Capital del conjunto de la
organización. El SOC se convirtió en un una organización de tipo político, con
un falso nacionalismo pequeño-burgués como bandera, que utiliza como
justificación para rechazar la unidad con el resto de la Clase Obrera bajo la
jurisdicción del Estado español (sindicalismo de clase).
Los derechos sociales y las condiciones de vida de los trabajadores del
campo y del resto de trabajadores siguen empeorando día a díaporque a la
degradación y corrupción irreversible de los llamados “sindicatos” de Régimen se
suma la incapacidad de unión y organización de los trabajadores del
Estado español para defender sus intereses comunes. No existe
actualmente una alternativa real de Sindicalismo de Clase que potencialmente
organice y una a todos los trabajadores frente al aparato del Estado de la
burguesía. La realidad sindical supuestamente alternativa está plagada
de corporativismo, nacionalismo y una miríada de siglas de mas o menos pequeñas
organizaciones cuya función es poco más que la de una asesoría jurídica.
Si los trabajadores no nos unimos y organizamos a nivel del Estado para dar
la batalla al enemigo de clase y defender nuestros derechos comunes como
trabajadores, seguiremos perdiendo derechos y nuestras condiciones de vida
seguirán empeorando como lo han hecho hasta ahora.
De esto no solo serán culpables la burocracia corrupta de los “sindicatos”
del Régimen. También serán responsables todos aquellos que por distintos
motivos no saben o no quieren construir la unidad de los trabajadores.
José Luis Gómez (CSU-Extremadura)
