El TSJA ha declarado
vulnerado el derecho fundamental a la huelga invocado por CGT ante la
imposición del 100% de servicios mínimos en los paros que este sindicato
convocó en los centros de trabajo del servicio telefónico de gestión de
emergencias del 112 y 061 de Cádiz en la pasada primavera, decreto de la Junta
“que impedía de facto que los trabajadores llamados a la huelga pudiesen ejercitar
ese derecho fundamental”, se evidencia. CGT exige la dimisión o cese de los
responsables políticos que firmaron los decretos.
La sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) con sede en Sevilla ha declarado vulnerado el derecho fundamental a la
huelga invocado por CGT ante la imposición del 100% de servicios mínimos en las
huelgas que este sindicato convocó en los centros de trabajo del servicio
telefónico de gestión de emergencias del 112 y 061 de Cádiz en la pasada
primavera, decreto de la Junta de Andalucía “que impedía de facto que los
trabajadores llamados a la huelga pudiesen ejercitar ese derecho fundamental”,
se evidencia.
La “política
disciplinaria y de represión” hacia los representantes sindicales, el “absoluto
desprecio” al cumplimiento de las normas laborales mínimas y la situación de
“alto stress laboral provocado por la drástica reducción de plantilla” mientras
aumentan sensiblemente el número de llamadas y un sistema informático “nefasto
y que crea múltiples problemas de salud a la plantilla”, eran los motivos
principales de los paros de primavera, que se repitieron en verano.
CGT anota en una nota
remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que se da la circunstancia de que estos
empleados –por esa imposición del 100% de servicios mínimos- “son considerados
personal de servicios esenciales para la comunidad” pero “sólo en caso de
huelga” ya que esa condición “no se les reconoce ni por el convenio colectivo
que se les aplica ni por las condiciones laborales que se les imponen, propias
de sistemas esclavistas, de la mano de empresas comisionistas que se enriquecen
a costa de los presupuestos públicos de la Junta sin exponer absolutamente
nada, gozando del favor del partido del Gobierno que ha otorgado la exclusividad
en los servicios de emergencias 112 y 061 en Andalucía a la empresa Ilunion
(del grupo ONCE), que muy lejos de la labor social que predica en todos sus
mensajes publicitarios ejerce como empresa inquisidora y maltratadora de sus
trabajadores en todos los aspectos laborales”.
Aun faltan nuevos
pronunciamientos judiciales referentes a las huelgas indefinidas convocadas por
CGT en el 061 de Málaga, desde el 8 de junio, y en la que se desarrolla
actualmente en el 112 de Cádiz.
Este sindicato exige públicamente la dimisión de los responsables políticos
que firmaron los decretos que ahora han sido declarados ilícitos o el cese
fulminante de los mismos, congratulándonos de esas sentencias, que aun admiten
recurso ante el Tribunal Supremo; y demanda a los poderes públicos andaluces
“que dejen de conculcar derechos fundamentales de los recogidos en la
Constitución española, respetando los básicos derechos de los trabajadores
andaluces, aun cuando esto suponga que se evidencie la mala gestión que el
Gobierno andaluz viene realizando en los servicios públicos de emergencias”.
