En 1990 durante el V
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se toma la iniciativa de fijar
la fecha del 28 de septiembre para exigir a los gobiernos de todo el mundo la
despenalización del aborto. Los abortos clandestinos suponen el 8% de la muerte
de mujeres.
En el 100 aniversario de la Revolución de Octubre es importante
recordar que fue la Unión Soviética el primer país en legalizar el aborto
siendo además este gratuito. En palabras de Lenin: “La experiencia de todo
movimiento de liberación ha demostrado que el éxito de una revolución depende
del grado de participación de la mujer” En el territorio español, a excepción
de pequeño periodo durante la Segunda República, siendo ministra de sanidad
Federica Montseny, no es hasta 1985, cuando se formula una ley que permite
interrumpir el embarazo en 3 supuestos muy concretos, con unos plazos también
muy concretos.
La actual ley sigue, en términos generales, considerando ilegal
el aborto, ya que se mantiene en el código penal, lo que constituye una
agresión a los derechos humanos de las mujeres, a su derecho a decidir sobre lo
más básico, su cuerpo, y sobre lo más general, su vida. En el caso de las más
jóvenes, desde el 23 de septiembre de 2015 está en vigor la reforma de la Ley
2/2010 que introduce, que solo se llevará a cabo el aborto con el
consentimiento de los progenitores.
Por otro lado, la salud sexual y
reproductiva constituye un capítulo minusvalorado en la sanidad pública, que
dedica escasísimos recursos a la atención de esta faceta de la vida de las
personas. Los métodos anticonceptivos quedan fuera de la sanidad pública, los
preservativos lo han estado siempre y desde el 1 de agosto de 2013, se excluyen
también las pastillas anticonceptivas bajo el argumento de “sostenibilidad y de
optimización de recursos”, a pesar de que eran utilizadas por más de un millón
de mujeres. Estas medidas evidencian cuáles son los intereses del capitalismo y
a quiénes afectan estos recortes, claramente a las trabajadoras.
El aborto no es un derecho
en las sociedades capitalistas. Es un negocio. La mayoría de
interrupciones de embarazos (IVE) se han externalizado y se llevan a cabo
en centros privados en nuestro país, no porque la sanidad pública no pueda
asumirlos y realizarlos, sino porque el negocio del aborto está al servicio del
capitalismo, que reparte las ganancias con la sanidad privada. Incluso aunque
el aborto sea ilegal, las mujeres de alto nivel socio económico tienen a su
alcance, siempre han tenido, el dinero y estos mismos centros privados
para interrumpir el embarazo, sin condiciones, sin plazos, ni preguntas;
mientras las mujeres de las capas populares deben enfrentar la decisión de
llevar a término un embarazo no deseado o arriesgar sus vidas en un aborto
inseguro e ilegal.
Parir es un derecho, nunca
una imposición arbitraria. Que no moralicen con nuestro “deber” de parir.
Nunca lo reconoceremos ni aceptaremos sus hipócritas argumentos. Reivindicamos
el derecho al aborto gratuito y seguro, sin impedimentos ni
supervisiones. Con el respeto que nuestra clase y nuestro género merecen.
La defensa del derecho al aborto libre y gratuito, en la sanidad pública y sin
objeción de conciencia, constituye la verdadera garantía del respeto a los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que lo que sigue estando en juego
es la libertad de las mujeres, especialmente de las trabajadoras, respecto de
su cuerpo, de su maternidad y de su vida.
PARIR
ES UN DERECHO, NO UNA IMPOSICIÓN. POR UN ABORTO LIBRE, GRATUITO EN LA SANIDAD
PÚBLICA.
NO SOMOS APARATOS REPRODUCTIVOS AL SERVICIO
DEL CAPITAL.