Se han celebrado el día 20 de
diciembre en todo el Estado español numerosas manifestaciones convocadas por la
Coordinadora Estatal de colectivos en defensa de las pensiones públicas, con
presencia significativa de numerosos activistas que desde un amplio abanico
político o social tienen como centro de sus quehaceres la lucha por las
pensiones públicas, dignas y para todos/as.
De la misma manera que han sido
importantes las presencias también han sido significativas las ausencias,
CC.OO, UGT, USO, CSIF, etc. Es decir, aquellas centrales sindicales que
alardean de representar los intereses de los trabajadores y que tienen el
marchamo oligárquico de “agentes sociales”, no estaban, y como no se les
esperaba, pues no vinieron.
Las manifestaciones están intentado recordar a la clase obrera y
al conjunto de los sectores populares como están las pensiones públicas
y qué soluciones se proponen para intentar paliar la situación en que han
dejado los gobiernos de la derecha, entendiendo por tal a la UCD, al PP y al
PSOE, sin olvidar a nuestros “queridos” gobiernos nacionalistas de CIU, PNV y
las variadas siglas de los nacionalismos.
Para describir brevemente como está el actual sistema
público de pensiones es preciso partir de dos premisas de carácter político y
económico que marcan a sangre y fuego la realidad de las pensiones públicas.
Una, y determinante, la decisión político-económica de la oligarquía
internacional de privatizar hasta donde puedan y les dejemos la ingente masa monetaria
que mueven las pensiones públicas y que vendrían a complementar los
“escasos” beneficios que obtienen en sectores tradicionales o en declive.
A las
pensiones se les aplicaría el mismo criterio que a la sanidad, la educación y
los servicios sociales. La segunda premisa que están utilizando, que defienden
y que aplican creativamente, es la de la cogestión público-privada de las
pensiones, donde el Estado proporciona pensiones escasas generalmente de
carácter asistencial y que la clase obrera y los sectores populares deberán
complementar con pensiones privadas, que naturalmente están fuera de sus
posibilidades reales y que por tanto la miseria está garantizada. Como
organismos oligárquicos representativos de la vanguardia de estas posiciones político-económicas
cabe destacar al FMI, al Banco Mundial, a la OCDE y a la UE, entre
otros.
Para que el cuadro de la realidad de las pensiones no sea
abstracto, sea de realismo social, es necesario colocar algunos datos que hacen
de la economía política la ciencia que más aclara lo social. En el Estado
español hay aproximadamente 8.595.509 personas que perciben una pensión por
incapacidad permanente, jubilación, orfandad, viudedad, jubilación común, etc.
y cuyo monto de masa monetaria alcanza los 100.000 millones de euros .Con la
crisis permanente del sistema capitalista, más la crisis particular de 2008, un
35% de los hogares españoles viven solamente con el ingreso de la pensión. En
la actualidad, de estas pensiones, el 54%, se encuentra por debajo de los 600 euros,
es decir, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
Como soluciones a este gran ataque de la burguesía contra la
clase obrera y los sectores populares hay miles, todas ellas solo se pueden
realizar desde la lucha consciente y continua de la clase obrera y sus aliados
contra el capitalismo en general y contra los diversos capitalismos en lo
particular en la dirección de la construcción de una sociedad socialista.
Mientras tanto para ir empezando a concienciar y organizar a los millones de
pensionistas que en torno al año 2050 pueden representar el 30% de
la población y que en estos momentos mayoritariamente votan y sienten en clave
de derechas ,sería necesario dotarnos de un programa mínimo que recogiera
derechos sobre una pensión mínima de más de 1000 euros, automáticamente
renovada con el IPC anual subyacente-el de los alimentos- ,con aportaciones
importantes en vivienda, salud ,transporte público ,servicios sociales básicos,
ocio, etc., que permitan a los pensionistas y a los de él dependientes vivir
dignamente. Todo ello financiado con los Presupuestos generales del Estado con
recursos obtenidos de los impuestos a las plusvalías empresariales, reconocido
constitucionalmente y controlado por los colectivos sociales de los
Pensionistas y Jubilados.