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16 de enero de 2017

DEFENDIENDO HASTA LA EXTENUACIÓN LAS PENSIONES PÚBLICAS


Se han celebrado el día 20 de diciembre en todo el Estado español numerosas manifestaciones convocadas por la Coordinadora Estatal de colectivos en defensa de las pensiones públicas, con presencia significativa de numerosos activistas que desde un amplio abanico político o social tienen como centro de sus quehaceres  la lucha por las pensiones públicas, dignas y para todos/as.
De la misma manera que han sido importantes las presencias también han  sido significativas las ausencias, CC.OO, UGT, USO, CSIF, etc. Es decir, aquellas centrales sindicales que alardean de representar los intereses de los trabajadores y que tienen el marchamo oligárquico de “agentes sociales”, no estaban, y como  no se les esperaba, pues no vinieron.
Las manifestaciones están intentado recordar a la clase obrera y al conjunto de los sectores populares  como están las pensiones públicas  y qué soluciones se proponen para intentar paliar la situación en que han dejado los gobiernos de la derecha, entendiendo por tal a la UCD, al PP y al PSOE, sin olvidar a nuestros “queridos” gobiernos nacionalistas de CIU, PNV y las variadas siglas de los nacionalismos.

Para  describir brevemente como está el actual sistema público de pensiones es preciso partir de dos premisas de carácter político y económico que marcan a sangre y fuego la realidad de las pensiones públicas.
Una, y determinante, la decisión político-económica de la oligarquía internacional de privatizar hasta donde puedan y les dejemos la ingente masa monetaria que mueven  las pensiones públicas y que vendrían a complementar los “escasos” beneficios que obtienen en sectores tradicionales o en declive.
A las pensiones se les aplicaría el mismo criterio que a la sanidad, la educación y los servicios sociales. La segunda premisa que están utilizando, que defienden y que aplican creativamente, es la de la cogestión público-privada de las pensiones, donde el Estado proporciona pensiones escasas generalmente de carácter asistencial y que la clase obrera y los sectores populares deberán complementar con pensiones privadas, que naturalmente están fuera de sus posibilidades reales y  que por tanto la miseria está garantizada. Como organismos oligárquicos representativos de la vanguardia de estas posiciones político-económicas cabe destacar  al FMI, al Banco Mundial, a la OCDE  y a la UE, entre otros.
Para que el cuadro de la realidad de las pensiones no sea abstracto, sea de realismo social, es necesario colocar algunos datos que hacen de la economía política la ciencia  que más aclara lo social. En el Estado español hay aproximadamente 8.595.509 personas que perciben una pensión por incapacidad permanente, jubilación, orfandad, viudedad, jubilación común, etc. y cuyo monto de masa monetaria alcanza los 100.000 millones de euros .Con la crisis permanente del sistema capitalista, más la crisis particular de 2008, un 35% de los hogares españoles viven solamente con el ingreso de la pensión. En la actualidad, de estas pensiones, el 54%, se encuentra por debajo de los 600 euros, es decir, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
Como soluciones a este gran ataque de la burguesía contra la clase obrera y los sectores populares hay miles, todas ellas solo se pueden realizar desde la lucha consciente y continua de la clase obrera y sus aliados contra el capitalismo en general y contra los diversos capitalismos en lo particular en la dirección de la construcción de una sociedad socialista. Mientras tanto para ir empezando a concienciar y organizar a los millones de pensionistas que en torno  al año  2050 pueden representar el 30% de la población y que en estos momentos mayoritariamente votan y sienten en clave de derechas ,sería necesario dotarnos de un programa mínimo que recogiera derechos sobre una pensión mínima de más de 1000 euros, automáticamente renovada con el IPC anual subyacente-el de los alimentos- ,con aportaciones importantes en vivienda, salud ,transporte público ,servicios sociales básicos, ocio, etc., que permitan a los pensionistas y a los de él dependientes vivir dignamente. Todo ello financiado con los Presupuestos generales del Estado con recursos obtenidos de los impuestos a las plusvalías empresariales, reconocido constitucionalmente y controlado por los colectivos sociales  de los Pensionistas y Jubilados.