La
juventud de extracción obrera y popular en España ha sido uno de los grupos en
edad de trabajar peor afectados por la crisis capitalista. A lo largo del
primer año de la crisis, 2008, España fue uno de los países de la Unión Europea
en los que más bruscamente aumentaba la tasa de paro juvenil, cerrándose el año
con un porcentaje del 37%. Se trataba de mano de obra flexible, muy fácil de
despedir para el empresario en una primera fase de la crisis.
Esta
juventud fue una las mayores víctimas de las contrarreformas laborales con las
que los Partidos en el Gobierno vendrían a “traer soluciones”, soluciones que,
en modo alguno, serían neutrales o por un “bien común”, sino que vendrían a
posibilitar a la clase capitalista remontar su tasa de ganancia a través de una
mayor explotación de la mano de obra.
El
desempleo juvenil se situaba en el 36% a finales de 2011, y el 60% de los
despedidos de ese año fueron jóvenes. En este contexto llega la contrarreforma
laboral del PP de 2012, que modifica los ya existentes “Contratos para la
Formación y Aprendizaje” para “facilitar al empresario la contratación de mano
de obra joven, a la vez que se ofrece a los jóvenes la posibilidad de
formarse”.
El
nuevo contrato de formación ofrece una serie de ventajas nada desdeñables para
que el empresario contrate mano de obra joven barata, y que ninguna empresa, ni
grande ni pequeña, pasa por alto a la hora de estructurar su plantilla. No
tienen que pagar ningún tipo de indemnización si despiden al joven al acabar el
contrato; y además, las empresas medianas y pequeñas no pagan cotizaciones a la
Seguridad Social por el trabajador, y las de más de 250 trabajadores solo tienen
que pagar el 25% de la cotización.
Este
contrato puede aplicarse a jóvenes entre 16 y 25 años (hasta 30 años antes de
que la tasa de paro juvenil sea menor del 15%) que no posean la cualificación
necesaria para desempeñar el mismo puesto de trabajo con un contrato de
prácticas (otro tipo de contratación totalmente denigrante para la juventud,
pero no que tenemos espacio para analizar aquí).
El
contrato dura un año y es renovable un máximo de dos veces; es decir, los
jóvenes podemos estar bajo estas condiciones de explotación hasta 3 años en la
misma empresa, y volver a empezar el ciclo en otra. Nos
vendieron el cuento de que este contrato ayudaría a la creación de empleo
indefinido juvenil, pero al empresario le sale mucho más barato despedir al
joven trabajador en formación cuando se acaba su contrato y contratar a un
nuevo trabajador con esta modalidad, que hacer al primero indefinido.
Los
jóvenes con este contrato trabajan, durante el primer año, 30 horas a la
semana, y 34 el segundo y tercer año, cobrando poco más del Salario Mínimo
Interprofesional, tienen dificultades para asistir a los cursos de formación
según los turnos en los que trabajan, y encima tienen que aguantar al
supervisor, encargado, o responsable de Recursos Humanos de turno, persiguiéndoles
para que vayan a la formación (y a la empresa no se le caiga el pelo en una
inspección laboral).
Acerca
de esa formación, que el trabajador recibe a cambio de tales condiciones, la
empresa puede contratarla en cualquier centro de formación, sin grandes
exigencias de recursos, profesorado, ni la obligatoriedad de que el curso sea
presencial. Los trabajadores ni siquiera están obligados a aprobar el curso, y
las propias inspecciones de trabajo hacen la vista gorda con la obligatoriedad
de asistir a estos cursos. Es un secreto a voces que el contrato de formación
no sirve para la formación de la juventud, sino para un aumento, hasta lo
preocupante, de su situación de explotación.
A
mediados de 2015, el número de jóvenes con este tipo de contratación había
crecido un 300% respecto al periodo anterior a la Reforma Laboral de 2012. Y
los datos nos informan de la efectividad de las supuestas intenciones de la
reforma: a finales de 2015, el desempleo juvenil en España alcanzaba el mismo
nivel que en 2008, la tasa de temporalidad de los jóvenes era del 55,08%, y
sólo un 2% de los jóvenes con este contrato se convirtieron en indefinidos tras
la extinción del mismo. No nos engañemos, este nuevo tipo de contratación no
pretendía solucionar la vida a ningún joven trabajador. Muy al contrario,
todavía empaña más las perspectivas de futuro, de estabilidad y emancipación de
la juventud; y hace, por tanto, más necesaria que nunca su organización en
defensa de sus derechos.