El
gobierno en funciones del estado español, como punto de culminación del proceso
político de legitimación de la factoría ENCE-ELNOSA en los terrenos públicos de
Lourizán, ejecutaba la previsible concesión de la prórroga “in extremis” para
el grupo empresarial por otros 60 años, con la pretensión manifiesta de la
estancia perpetua en la ría de Pontevedra y su integración física en el recinto
portuario de Marín, potencialmente susceptible de expandirse con esta
finalidad.
Con su
implantación forzosa y represiva en 1958 por el gobierno fascista de Franco, la
factoría generó un terrible impacto ambiental y económico en primera instancia
con la destrucción de los medios productivos primarios de la contorna que eran
mínimamente accesibles para las familias de extracción proletaria de la misma,
las cuales conformaron la oposición a la presencia de la factoría en esta
primera fase.
Tanto
el impacto ambiental como el económico del modo productivo de este ente
empresarial, privatizado entree 1990 y 2001, evolucionaron de manera progresiva
acorde a las circunstancias contextuales concretas de las leyes de la dinámica
capitalista en Galiza y el estado, siempre orientado al máximo beneficio con la
mayor rentabilidad para el accionariado propietario, siendo hoy ENCE el
principal monopolio especulador de la producción forestal privada en el estado
español, evidenciado esto en la determinación que ejerce sobre los sectores
productivos subordinados siguiendo la lógica capitalista (especulación con el
abandono del rural, monocultivo forestal, promoción de incendiarios con
finalidad especulativa, fumigación avalada institucionalmente con agentes
tóxicos, etc).
La
aprobación de la Ley de Montes (que permite la recalificación de terrenos
previamente incendiados por el condicionamiento o dirección que ejercen estos
monopolios con la especulación sobre la materia prima y la fuerza de trabajo),
el proceso de expolio y destrucción de medios productivos en el sector agrario
y ganadero por los monopolios agroalimentarios, la precarización y privatización
de los servicios de extinción de incendios (BRIF y Bomberos), la farsa de las
comisiones de servicio y maniobras militares en tareas de mera vigilancia sin
efectuar labores de extinción, la anulación de las competencias de los Agentes
medioambientales y forestales en prol del SEPRONA de la Guardia Civil, la
reforma de la Ley de Costas y los conflictos derivados de su aval a la
concesión de ENCE ordenado a la delegación de Pontevedra, son variables
contextuales de este proceso en el que la patronal propietaria de los medios, a
través de sus consejos de administración, determinó la evolución del escenario
político y social de oposición a su modo de producción devastador con una
manifiesta división y enfrentamiento de intereses inmediatos contrapuestos entre
los sectores proletarios condicionados por la factoría, reforzado por un
aparato brutal de inversión, propaganda y control de consejos de dirección, así
como por la complicidad implícita de los medios de comunicación de propiedad
burguesa, la determinación que ejerce el poder económico sobre los organismos
de poder político burgueses, y el condicionamiento del aparato legal y
burocrático de la Unión Europea del capital al servicio de una minoría
enriquecida a costa de la explotación de una mayoría trabajadora, dividida en
la conflictividad de intereses impuestos por la burguesía desde sus posiciones
de poder.
En esta
fase imperialista de destrucción de medios productivos y acumulación de capital
por los monopolios especuladores, la cuestión estructural del problema no
radica en la simple existencia de un medio productivo, sino en la propiedad del
medio que determina su modo de producción y, consecuentemente, su impacto a
todos los niveles.
El
enfrentamiento lapidario entre sectores obreros y populares, la subordinación
oportunista de sectores de la clase trabajadora a intereses inmediatos de la
burguesía, el enfoque parcial de la causalidad o la desviación de la misma a
entes políticos transitorios, así como la dinámica de lucha de desgaste
burocrático-legal únicamente conducen a la consolidación de la dominación de la
burguesía y a la consecución de su proceso acumulativo.
Si bien
el impacto ambiental directo e inmediato derivado de la presencia de la
factoría en la ría de Pontevedra, de cuantificación variable según la
procedencia y enfoque del análisis y el nivel de desarrollo tecnológico de la
factoría en ese sentido (que, en todo caso, está subordinado a la finalidad
especulativa del propietario del medio), se vería progresivamente reducido a
largo plazo con el desmantelamiento de este medio productivo concreto, es
ciertamente cuestionable que el impacto y repercusiones derivadas de su modo de
producción en los sectores que condiciona su actividad (progresiva y
alarmantemente al alza por las variables mencionadas) fuesen a desaparecer, más
cuando éstas no están subordinadas a la localización territorial concreta de
una factoría de producción sino al carácter especulativo de la propiedad del
medio (que por otra banda regula el mercado), hecho evidenciado en las últimas
oleadas de atentados ambientales en forma de incendios en todo el norte
peninsular en pleno invierno, el incremento destacable de estes hechos en la
provincia de Ourense (única que no posee aun plantaciones mayoritarias de
eucalipto, y penalizada por la empresa en las ventas de materia prima), y el
carácter supranacional de una burguesía que en el marco legal estatal ejecuta
su dominación de clase y condiciona las variables intervinientes.
La
focalización del impacto de la factoría pontevedresa en un restringido ámbito
de afectación comarcal, obviando las condiciones contextuales objetivas de
relación de los medios de producción, de su propiedad y ámbito de repercusión;
la eternización y reducción del conflicto a la impotencia, derivada de análisis
desviados a cuestiones secundarias antepuestas al conflicto de clase (cuando
derivan y están subordinadas en realidad a este) y obviando el marco
circunstancial de dominación formal de la burguesía estatal y supranacional,
transformándose de hecho en un instrumento al servicio de los intereses de la
burguesía en detrimento de las necesidades e intereses reales de la clase
trabajadora empobrecida; la reducción al absurdo de la causalidad de la
problemática real de la clase obrera o la focalización de la responsabilidad en
agentes políticos eventuales o transitorios secundarios, son las constantes en
la evolución de una oposición a la factoría pontevedresa institucionalizada en
el reformismo (con el añadido oportunismo de las nuevas fuerzas socialdemócratas,
herramienta al servicio de la burguesía imperialista para la claudicación de la
lucha legítima y radical de la clase trabajadora), que crea un espacio virtual
para recreo de una burguesía acomodada local y transeúnte y acorde a los
intereses de la patronal explotadora comarcal, haciendo suyos los intereses de
la clase trabajadora que sufre doblemente esta problemática y desviándola de su
causa estructural, sin que por supuesto esto repercuta en mejoras de su
situación; dando lugar a contradicciones como haber apoyado la presencia de la
factoría desde el mismo agente político que exige su cierre (a cambio
precisamente de puestos de trabajo locales, y cuando contaminaba la factoría de
modo directo en un nivel mucho más elevado), o el hecho de mantener esa misma
fuerza política un sistema de tratamiento de aguas residuales (de concesión
privada, por cierto) denunciado por la elevada tasa de contaminación fecal en
las emisiones a la ría de Pontevedra, hecho atribuído por el Concello en
exclusiva al impacto de la actividad de la factoría ENCE en su actual
emplazamiento, a pesar de compartir ambas entidades la misma emisora submarina.
En este
sentido, no se puede responsabilizar y culpabilizar a los trabajadores de la
factoría respecto de su impacto cuando defienden la conservación de sus puestos
de trabajo en coincidencia inmediata de intereses con la patronal capitalista y
dirigidos por ésta, con plantillas considerablemente reducidas tras los últimos
EREs patronales en todo el estado y con una cierta conservación de derechos
dada su posición sensible dentro de la cadena de explotación, pero con las
mismas condiciones objetivas de explotación que el conjunto, del mismo modo que
no sería admisible criticar a los trabajadores de las fábricas de Coca-Cola
despedidos ilegalmente por Iberian Partners por complicidad en la fabricación
de veneno imperialista para el consumo de la clase trabajadora o reclamar el
cierre de sus fábricas en el estado, evidenciándose este hecho en que
actualmente el personal de CocaColaEnLucha es un ejemplo de unidad y
solidaridad obrera en las luchas de la clase trabajadora contra la burguesía
especuladora en el estado.
Es
sobradamente conocido que los consejos de administración empresariales son una
confluencia de agentes políticos (aquí concretamente dos militantes del PP) y
de individuos de diversa índole profesional y procedencia acomodada
subordinados a los intereses de los accionistas, por lo cual centrar el
análisis y causalidad radical en este aparato ejecutor sería erróneo. Hoy,
siendo sus principales acreedores financieros el BBVA, Banco Santander y
Bankia, la relación de propietarios accionistas capitalistas del Grupo ENCE es
reflejo incuestionable de la problemática real del modo de producción de la
factoría ENCE-ELNOSA: la propiedad del medio de producción.
Juan
Luis Arriegui Ciarsolo, vicepresidente del monopolio IBERDROLA , controla un
22% del Grupo ENCE a través del ente empresarial “Retos Corporativos XXI SL”,
una empresa especuladora con capital inmobiliario. Junto a él, los “Albertos”,
ex-presidentes del Banco Zaragozano y ex-consejeros de las empresas Dragados y
ACS, controlan otro 10% aproximadamente del capital a través de “Alcor Holding
SA”.
Ya
hecha la referencia a los trabajadores y trabajadoras de CocaColaEnLucha,
resaltamos un 5% del capital accionista de ENCE propiedad de “Asúa inversiones
SL”, ente empresarial presidido por Juan Urrutia Ybarra y allegados
cosanguíneos, que ostenta, entre otras, la vicepresidencia del grupo Vocento
(propietario de ABC, ElCorreo, Intereconomía...), miembro del consejo de
administración de Noster Partners (financiera y aseguradoreas) y miembro del
consejo de administración de Norbega, embotelladora fusionada en CocaCola
Iberian Partners, empresa ejecutora del despido de más de mil trabajadores y el
cierre de cuatro fábricas, que incumple reiteradas sentencias judiciales.
Posee
también parte de la propiedad en capital accionista del Grupo ENCE Javier
Echenique Landiribar (consejero de ACS, vicepresidente del Banco Sabadell,
Director General del BBVA, consejero de Telefónica México y consejero de
Repsol); Rafael Año Sanz (presidente de Bancaja y Arcalia) mediante “La Fuente
Salada SL”, y el Norges Bank de Noruega.
Con
todo, el capital accionista que denota una evolución lógica imperialista del
Grupo ENCE como entidad abanderada del desembarco del TTIP, es una
participación ampliable del fondo de inversión de riesgo estadounidense con
sede en Nueva Yor “Amber Capital” mediante acciones compradas a LiberBank. Este
fondo especulativo, que se declaró abiertamente partidario de la eliminación de
trabas estatales al liberalismo económico mediante su fundador Joseph Oughourlian,
ya posee mayoritariamente el accionariado del grupo empresarial de
telecomunicaciones PRISA, así como capital en las compañías petroleras
norteamericanas y en la petrolera GranTierraEnergy de Colombia, entre otras.
Tiene integrada en su grupo otra opaca entidad empresarial aficnada en
Barcelona, “Blas de Lezo Inversiones SL”, administrada junto con “San Lazzaro
Spain SL” (resultado del translado a Catalunya desde EEUU de la empresa San
Lazzaro LLC”) por el abogado Luis IZquierdo Rivas, con finalidad de
asesoramiento y gestión de fondos de capital de riesgo.
La
clase trabajadora no debe reducir la problemática de la factoría ENCE a una
simple cuestión de situación territorial, de domiciliación fiscal, de
cumplimiento de unas normativas dictadas por los siervos políticos de las
grandes fortunas empresariales, o de estímulo negativo para la burguesía nativa
y transeúnte en la temporada vacacional y la patronal hostelera explotadora de
la comarca de Pontevedra. La lucha contra las repercusiones de la actividad y
presencia de la factoría ENCE debe ser la lucha contra el capital especulador
que ostenta su propiedad, la lucha legítima contra la burguesía parasitaria que
usurpa la propiedad de los medios de producción y determina los mismos.
Las y
los comunistas llamamos a la unidad de la clase trabajadora y de los sectores
populares que padecen la explotación diaria y directa de la patronal
enriquecida a costa suya, a la solidaridad de clase y a la organización desde
cada centro de trabajo, barrio obrero y cada centro de estudios, para la lucha
por el poder obrero en los medios de producción y la gestión colectiva de
nuestros recursos y fuerzas productivas al servicio del conjunto de la clase
trabajadora, por la ruptura con el euro y las estructuras de dominación imperialista,
la Unión Europea y la OTAN y la lucha unitaria contra la implantación de una
zona de libre comercio con la que nada tiene que ganar el pueblo trabajador, y
que conllevará a la liberalización total del mercado con total impunidad frente
a la legalidad y capacidad reguladora de los estados burgueses europeos.
Llamamos
a la organización de las trabajadoras y trabajadores para luchar contra esta
nueva ofensiva general de los grandes monopolios transnacionales en todas sus
expresiones, a reivindicar la salida de la Unión Europea y de la OTAN como
proyecto y herramienta que solo responden a los intereses de una minoría
oligárquica explotadora, y a la lucha por el poder obrero y la gestión popular
en los medios de producción, la socialización, como única alternativa real de
futuro hacia una economía planificada socialista al verdadero servicio de la
gran mayoría trabajadora, y evidenciando el servilismo y carácter oportunista
del discurso de las distintas fuerzas políticas que distraen de la causa radical
de todo sufrimiento del pueblo trabajador.
“Cuando
la burguesía liberal concede reformas con una mano, siempre las retira con la
otra, las reduce a la nada o las utiliza para subyugar a los obreros, para
dividirlos en grupos, para eternizar la esclavitud de los trabajadores. Por eso
el reformismo, incluso cuando es totalmente sincero, se transforma de hecho en
un instrumento de la burguesía para corromper a los obreros y reducirlos a la
impotencia. La experiencia de todos los países muestra que los obreros salieron
mofados siempre que se confiaron a los reformistas”.