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PARQUE AGROALIMENTARIO

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12 de febrero de 2016

UNIDAD CON LOS TRABAJADORES, UNIDAD DE LOS TRABAJADORES, PODER OBRERO EN LA FACTORÍA, SOCIALIZACIÓN DE LOS MEDIOS Y GESTIÓN COLECTIVA.-

El gobierno en funciones del estado español, como punto de culminación del proceso político de legitimación de la factoría ENCE-ELNOSA en los terrenos públicos de Lourizán, ejecutaba la previsible concesión de la prórroga “in extremis” para el grupo empresarial por otros 60 años, con la pretensión manifiesta de la estancia perpetua en la ría de Pontevedra y su integración física en el recinto portuario de Marín, potencialmente susceptible de expandirse con esta finalidad.

Con su implantación forzosa y represiva en 1958 por el gobierno fascista de Franco, la factoría generó un terrible impacto ambiental y económico en primera instancia con la destrucción de los medios productivos primarios de la contorna que eran mínimamente accesibles para las familias de extracción proletaria de la misma, las cuales conformaron la oposición a la presencia de la factoría en esta primera fase.

Tanto el impacto ambiental como el económico del modo productivo de este ente empresarial, privatizado entree 1990 y 2001, evolucionaron de manera progresiva acorde a las circunstancias contextuales concretas de las leyes de la dinámica capitalista en Galiza y el estado, siempre orientado al máximo beneficio con la mayor rentabilidad para el accionariado propietario, siendo hoy ENCE el principal monopolio especulador de la producción forestal privada en el estado español, evidenciado esto en la determinación que ejerce sobre los sectores productivos subordinados siguiendo la lógica capitalista (especulación con el abandono del rural, monocultivo forestal, promoción de incendiarios con finalidad especulativa, fumigación avalada institucionalmente con agentes tóxicos, etc).

La aprobación de la Ley de Montes (que permite la recalificación de terrenos previamente incendiados por el condicionamiento o dirección que ejercen estos monopolios con la especulación sobre la materia prima y la fuerza de trabajo), el proceso de expolio y destrucción de medios productivos en el sector agrario y ganadero por los monopolios agroalimentarios, la precarización y privatización de los servicios de extinción de incendios (BRIF y Bomberos), la farsa de las comisiones de servicio y maniobras militares en tareas de mera vigilancia sin efectuar labores de extinción, la anulación de las competencias de los Agentes medioambientales y forestales en prol del SEPRONA de la Guardia Civil, la reforma de la Ley de Costas y los conflictos derivados de su aval a la concesión de ENCE ordenado a la delegación de Pontevedra, son variables contextuales de este proceso en el que la patronal propietaria de los medios, a través de sus consejos de administración, determinó la evolución del escenario político y social de oposición a su modo de producción devastador con una manifiesta división y enfrentamiento de intereses inmediatos contrapuestos entre los sectores proletarios condicionados por la factoría, reforzado por un aparato brutal de inversión, propaganda y control de consejos de dirección, así como por la complicidad implícita de los medios de comunicación de propiedad burguesa, la determinación que ejerce el poder económico sobre los organismos de poder político burgueses, y el condicionamiento del aparato legal y burocrático de la Unión Europea del capital al servicio de una minoría enriquecida a costa de la explotación de una mayoría trabajadora, dividida en la conflictividad de intereses impuestos por la burguesía desde sus posiciones de poder.

En esta fase imperialista de destrucción de medios productivos y acumulación de capital por los monopolios especuladores, la cuestión estructural del problema no radica en la simple existencia de un medio productivo, sino en la propiedad del medio que determina su modo de producción y, consecuentemente, su impacto a todos los niveles.

El enfrentamiento lapidario entre sectores obreros y populares, la subordinación oportunista de sectores de la clase trabajadora a intereses inmediatos de la burguesía, el enfoque parcial de la causalidad o la desviación de la misma a entes políticos transitorios, así como la dinámica de lucha de desgaste burocrático-legal únicamente conducen a la consolidación de la dominación de la burguesía y a la consecución de su proceso acumulativo.
Si bien el impacto ambiental directo e inmediato derivado de la presencia de la factoría en la ría de Pontevedra, de cuantificación variable según la procedencia y enfoque del análisis y el nivel de desarrollo tecnológico de la factoría en ese sentido (que, en todo caso, está subordinado a la finalidad especulativa del propietario del medio), se vería progresivamente reducido a largo plazo con el desmantelamiento de este medio productivo concreto, es ciertamente cuestionable que el impacto y repercusiones derivadas de su modo de producción en los sectores que condiciona su actividad (progresiva y alarmantemente al alza por las variables mencionadas) fuesen a desaparecer, más cuando éstas no están subordinadas a la localización territorial concreta de una factoría de producción sino al carácter especulativo de la propiedad del medio (que por otra banda regula el mercado), hecho evidenciado en las últimas oleadas de atentados ambientales en forma de incendios en todo el norte peninsular en pleno invierno, el incremento destacable de estes hechos en la provincia de Ourense (única que no posee aun plantaciones mayoritarias de eucalipto, y penalizada por la empresa en las ventas de materia prima), y el carácter supranacional de una burguesía que en el marco legal estatal ejecuta su dominación de clase y condiciona las variables intervinientes.

La focalización del impacto de la factoría pontevedresa en un restringido ámbito de afectación comarcal, obviando las condiciones contextuales objetivas de relación de los medios de producción, de su propiedad y ámbito de repercusión; la eternización y reducción del conflicto a la impotencia, derivada de análisis desviados a cuestiones secundarias antepuestas al conflicto de clase (cuando derivan y están subordinadas en realidad a este) y obviando el marco circunstancial de dominación formal de la burguesía estatal y supranacional, transformándose de hecho en un instrumento al servicio de los intereses de la burguesía en detrimento de las necesidades e intereses reales de la clase trabajadora empobrecida; la reducción al absurdo de la causalidad de la problemática real de la clase obrera o la focalización de la responsabilidad en agentes políticos eventuales o transitorios secundarios, son las constantes en la evolución de una oposición a la factoría pontevedresa institucionalizada en el reformismo (con el añadido oportunismo de las nuevas fuerzas socialdemócratas, herramienta al servicio de la burguesía imperialista para la claudicación de la lucha legítima y radical de la clase trabajadora), que crea un espacio virtual para recreo de una burguesía acomodada local y transeúnte y acorde a los intereses de la patronal explotadora comarcal, haciendo suyos los intereses de la clase trabajadora que sufre doblemente esta problemática y desviándola de su causa estructural, sin que por supuesto esto repercuta en mejoras de su situación; dando lugar a contradicciones como haber apoyado la presencia de la factoría desde el mismo agente político que exige su cierre (a cambio precisamente de puestos de trabajo locales, y cuando contaminaba la factoría de modo directo en un nivel mucho más elevado), o el hecho de mantener esa misma fuerza política un sistema de tratamiento de aguas residuales (de concesión privada, por cierto) denunciado por la elevada tasa de contaminación fecal en las emisiones a la ría de Pontevedra, hecho atribuído por el Concello en exclusiva al impacto de la actividad de la factoría ENCE en su actual emplazamiento, a pesar de compartir ambas entidades la misma emisora submarina.

En este sentido, no se puede responsabilizar y culpabilizar a los trabajadores de la factoría respecto de su impacto cuando defienden la conservación de sus puestos de trabajo en coincidencia inmediata de intereses con la patronal capitalista y dirigidos por ésta, con plantillas considerablemente reducidas tras los últimos EREs patronales en todo el estado y con una cierta conservación de derechos dada su posición sensible dentro de la cadena de explotación, pero con las mismas condiciones objetivas de explotación que el conjunto, del mismo modo que no sería admisible criticar a los trabajadores de las fábricas de Coca-Cola despedidos ilegalmente por Iberian Partners por complicidad en la fabricación de veneno imperialista para el consumo de la clase trabajadora o reclamar el cierre de sus fábricas en el estado, evidenciándose este hecho en que actualmente el personal de CocaColaEnLucha es un ejemplo de unidad y solidaridad obrera en las luchas de la clase trabajadora contra la burguesía especuladora en el estado.

Es sobradamente conocido que los consejos de administración empresariales son una confluencia de agentes políticos (aquí concretamente dos militantes del PP) y de individuos de diversa índole profesional y procedencia acomodada subordinados a los intereses de los accionistas, por lo cual centrar el análisis y causalidad radical en este aparato ejecutor sería erróneo. Hoy, siendo sus principales acreedores financieros el BBVA, Banco Santander y Bankia, la relación de propietarios accionistas capitalistas del Grupo ENCE es reflejo incuestionable de la problemática real del modo de producción de la factoría ENCE-ELNOSA: la propiedad del medio de producción.

Juan Luis Arriegui Ciarsolo, vicepresidente del monopolio IBERDROLA , controla un 22% del Grupo ENCE a través del ente empresarial “Retos Corporativos XXI SL”, una empresa especuladora con capital inmobiliario. Junto a él, los “Albertos”, ex-presidentes del Banco Zaragozano y ex-consejeros de las empresas Dragados y ACS, controlan otro 10% aproximadamente del capital a través de “Alcor Holding SA”.
Ya hecha la referencia a los trabajadores y trabajadoras de CocaColaEnLucha, resaltamos un 5% del capital accionista de ENCE propiedad de “Asúa inversiones SL”, ente empresarial presidido por Juan Urrutia Ybarra y allegados cosanguíneos, que ostenta, entre otras, la vicepresidencia del grupo Vocento (propietario de ABC, ElCorreo, Intereconomía...), miembro del consejo de administración de Noster Partners (financiera y aseguradoreas) y miembro del consejo de administración de Norbega, embotelladora fusionada en CocaCola Iberian Partners, empresa ejecutora del despido de más de mil trabajadores y el cierre de cuatro fábricas, que incumple reiteradas sentencias judiciales.

Posee también parte de la propiedad en capital accionista del Grupo ENCE Javier Echenique Landiribar (consejero de ACS, vicepresidente del Banco Sabadell, Director General del BBVA, consejero de Telefónica México y consejero de Repsol); Rafael Año Sanz (presidente de Bancaja y Arcalia) mediante “La Fuente Salada SL”, y el Norges Bank de Noruega.

Con todo, el capital accionista que denota una evolución lógica imperialista del Grupo ENCE como entidad abanderada del desembarco del TTIP, es una participación ampliable del fondo de inversión de riesgo estadounidense con sede en Nueva Yor “Amber Capital” mediante acciones compradas a LiberBank. Este fondo especulativo, que se declaró abiertamente partidario de la eliminación de trabas estatales al liberalismo económico mediante su fundador Joseph Oughourlian, ya posee mayoritariamente el accionariado del grupo empresarial de telecomunicaciones PRISA, así como capital en las compañías petroleras norteamericanas y en la petrolera GranTierraEnergy de Colombia, entre otras. Tiene integrada en su grupo otra opaca entidad empresarial aficnada en Barcelona, “Blas de Lezo Inversiones SL”, administrada junto con “San Lazzaro Spain SL” (resultado del translado a Catalunya desde EEUU de la empresa San Lazzaro LLC”) por el abogado Luis IZquierdo Rivas, con finalidad de asesoramiento y gestión de fondos de capital de riesgo.

La clase trabajadora no debe reducir la problemática de la factoría ENCE a una simple cuestión de situación territorial, de domiciliación fiscal, de cumplimiento de unas normativas dictadas por los siervos políticos de las grandes fortunas empresariales, o de estímulo negativo para la burguesía nativa y transeúnte en la temporada vacacional y la patronal hostelera explotadora de la comarca de Pontevedra. La lucha contra las repercusiones de la actividad y presencia de la factoría ENCE debe ser la lucha contra el capital especulador que ostenta su propiedad, la lucha legítima contra la burguesía parasitaria que usurpa la propiedad de los medios de producción y determina los mismos.
Las y los comunistas llamamos a la unidad de la clase trabajadora y de los sectores populares que padecen la explotación diaria y directa de la patronal enriquecida a costa suya, a la solidaridad de clase y a la organización desde cada centro de trabajo, barrio obrero y cada centro de estudios, para la lucha por el poder obrero en los medios de producción y la gestión colectiva de nuestros recursos y fuerzas productivas al servicio del conjunto de la clase trabajadora, por la ruptura con el euro y las estructuras de dominación imperialista, la Unión Europea y la OTAN y la lucha unitaria contra la implantación de una zona de libre comercio con la que nada tiene que ganar el pueblo trabajador, y que conllevará a la liberalización total del mercado con total impunidad frente a la legalidad y capacidad reguladora de los estados burgueses europeos.

Llamamos a la organización de las trabajadoras y trabajadores para luchar contra esta nueva ofensiva general de los grandes monopolios transnacionales en todas sus expresiones, a reivindicar la salida de la Unión Europea y de la OTAN como proyecto y herramienta que solo responden a los intereses de una minoría oligárquica explotadora, y a la lucha por el poder obrero y la gestión popular en los medios de producción, la socialización, como única alternativa real de futuro hacia una economía planificada socialista al verdadero servicio de la gran mayoría trabajadora, y evidenciando el servilismo y carácter oportunista del discurso de las distintas fuerzas políticas que distraen de la causa radical de todo sufrimiento del pueblo trabajador.


“Cuando la burguesía liberal concede reformas con una mano, siempre las retira con la otra, las reduce a la nada o las utiliza para subyugar a los obreros, para dividirlos en grupos, para eternizar la esclavitud de los trabajadores. Por eso el reformismo, incluso cuando es totalmente sincero, se transforma de hecho en un instrumento de la burguesía para corromper a los obreros y reducirlos a la impotencia. La experiencia de todos los países muestra que los obreros salieron mofados siempre que se confiaron a los reformistas”.