Hemos
entrado en un año decisivo para el estudiantado universitario y para toda la
comunidad universitaria en general. 2015 es el año donde se pone punto y
seguido a los planes de mercantilización y elitización de la universidad
pública en el marco de la unión europea, ya que se trata del año donde se acaba
de aplicar el plan de estrategia 2015. Este plan tiene tres pilares
fundamentales que se han ido aplicando a lo largo de los últimos años y que se
apuntalaran este curso.
El primer pilar es la financiación, este punto ha sido muy desarrollado en
años anteriores. El decreto de precios del 2012 así como el decreto de becas
han hecho que los precios de las carreras se disparen y que las posibilidades
de obtener una beca se reduzcan para los estudiantes de clase obrera y popular,
haciendo que cerca de 50000 estudiantes hayan abandonado los estudios
universitarios por motivos económicos. Aún así este curso pretende acabar de
reducir el aporte público, posibilitando el cese o compra de las propiedades de
los centros universitarios por parte de las empresas sin que la comunidad
universitaria pueda tomar parte en las decisiones, ya que serán gestionadas
directamente por el cuerpo directivo. El informe de “expertos” encargado por el
ministerio de educación iba en esta dirección y numerosas universidades ya han
modificado sus estatutos para hacerlo posible o incluso, en casos como la
Universidad Politécnica de Cataluña, ya han empezado a ceder o vender espacios.
El segundo pilar es la gobernanza, como bien sabéis consiste en el cambio
de los órganos de gobierno de forma que sea los empresarios y el gobierno los
que dirijan de manera vertical la universidad dejando al rector y todo el
cuerpo directivo como meros gestores del centro y suprimiendo al claustro y las
juntas de facultad como máximos órganos de decisión. Como en el punto anterior
el informe de “expertos” encargado por el ministerio de educación desarrollaba
y pormenorizaba como hacerlo. Se espera que de cara a final de curso, entre
mayo y julio de este año, se apruebe una reforma de la ley orgánica de
universidades que muy probablemente incluya este punto.
El último pilar es la calificación en la que podemos ver como las empresas
encargadas de elaborar los rankings universitarios la ANECA en España y la ENQA
a nivel de la Unión Europea, han abandonado cualquier control de los organismos
públicos, convirtiéndose en entidades netamente privadas, y han ido
endureciendo los criterios de calificación de tal manera que para obtener una
mejor posición en dichos rankings la universidad tiene que plegar su plan de
estudios y plan de financiación a los intereses de las empresas. Una prueba de
ello es el borrador de ley que ha presentado el ministerio de educación donde
se pretende cambiar la duración de los grados a 3 años y de los post grados y
masters a un mínimo de 2 años, este criterio ha sido propuesto por la ENQA y
para el estudiantado en España supondrá tanto una devaluación del título como
la subida del precio final en la titulación.
Para concluir añadir que este plan tiene una continuación en la llamada
estrategia 2020, donde se buscará la división completa de las universidades en
función de los criterios de calificación, el incremento de las tasas de forma
que la parte que el estudiante ha de pagar de su formación sea mayor que la que
aporta el propio estado y el control directo de las empresas sobre todos los aspectos
de la producción docente e investigadora en los centros. Este cambio adaptará a
las universidades europeas al modelo educativo anglosajón favoreciendo
enormemente la aplicación del Tratado Trasatlántico de Comercio e
Inversiones (TTIP) a nivel educativo.
