La
Constitución Española en su artículo 105 promete garantizar “El acceso de los
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a
la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la
intimidad de las personas”, algo similar se recoge en el artículo 37 de la Ley
30/92, entonces, ¿por qué se aprueba una específica Ley de Transparencia?
Una clase dominante nunca se mantiene en el poder únicamente a costa de la
represión más descarnada; necesita un grado mínimo de consensos sociales que
hagan soportable a la clase dominada su situación como tal. A medida que se
profundiza la crisis estructural del capitalismo y la burguesía es incapaz de
recomponer la tasa de ganancia, se incrementa el grado de explotación y de
represión a que es sometida la clase obrera.
Por otro lado, la multiplicación de los escándalos de corrupción se
convierten en un arma arrojadiza que copa los debates públicos de tal modo que
las verdaderas causas de la terrible situación de la clase obrera y de los
sectores populares quedan opacadas en beneficio de un hipócrita discurso que
coloca el problema fundamental “de los españoles” en la corrupción.
El barómetro del CIS para octubre de 2014 lo deja claro: “los españoles”
creen que “la corrupción y el fraude” es el segundo problema más importante del
país, con mucha diferencia respecto al tercero (los “problemas de índole
económica”), y sólo sobrepasado por el paro, auténtica bestia parda para los
trabajadores y trabajadoras que residen en España.
Y así el artículo 26 de esta Ley recoge un amplio decálogo de “principios
de buen gobierno” que, en realidad, no son más que el reconocimiento tácito del
grado de putrefacción y descomposición que ha alcanzado la burguesía española.
Se acaba el consenso social
La necesidad de la oligarquía de aumentar el grado de explotación de la
clase obrera es garantía de que los débiles lazos que aun sostienen el consenso
social logrado con la Primera Transición estén en grave riesgo de romperse. Y
así ha ido tomando forma eso que hemos dado en llamar la “crisis en la cúspide”.
Es decir, un cuestionamiento, por parte de la clase obrera y de los
sectores populares, de varios de los elementos básicos sobre los que se había
asentado el poder de la burguesía los últimos años: la monarquía, que está en
sus momentos más bajos; la crisis del sistema de partidos y, en especial, de
los dos más grandes; o la desconfianza general hacia la “política” y los
“políticos”. Todo lo cual tiene su paralelo en el aumento del grado de
combatividad de la clase obrera y el aumento de la capacidad de intervención
del Partido Comunista.
Se avizora el fin del consenso social alcanzado en 1978 y la burguesía no
va a quedarse quieta a verlas venir.
La corrupción es útil
La burguesía, temerosa de que la ruptura del consenso se traduzca en una
toma de conciencia revolucionaria por parte de la clase dominada, le impulsa a
mover ficha para que todo siga igual.
Por una parte, a través de sus medios de comunicación agita la manta
podrida de la corrupción para velar la “guerra general” que mantiene abierta contra
la clase obrera y los sectores populares. Por otra parte, la corrupción ya se
ha convertido, gracias a las miles de horas de televisión, páginas de
periódicos y horas de radio que ocupa cada día, en el tema estrella de las
conversaciones entre la clase obrera. Y, lo que es aún peor, en la
causa—supuestamente—principal de la crisis capitalista. La jugada magistral de
la burguesía se cierra con la aprobación de la Ley de Transparencia.
En efecto, esta ley, que desarrolla un articulado que ya venía recogido en
el ordenamiento jurídico español, se limita a ser, en realidad, una pantalla de
humo con vistas a lograr un nuevo consenso social y que se convierta en una
pieza angular de eso que desde el Partido hemos dado en llamar la Segunda
Transición.
Ley de Transparencia…pero no tanto
Pero, al tiempo, la burguesía limita la propia ley hasta convertirla en
algo absolutamente inofensiva y en un mero espantajo que sólo busca crear la
ilusión de democracia. El artículo 14 lo deja claro. El derecho de acceso a la
información se restringirá en todos aquellos elementos esenciales para el
sostenimiento de la dictadura del capital. Así, no habrá posibilidad de
acceso a información concerniente a cuestiones básicas como:
“a) La
seguridad nacional. b) La defensa. c) Las relaciones exteriores. d) La
seguridad pública. e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos
penales, administrativos o disciplinarios. f) La igualdad de las partes en los
procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. g) Las funciones
administrativas de vigilancia, inspección y control. h) Los intereses
económicos y comerciales. i) La política económica y monetaria. j) El secreto
profesional y la propiedad intelectual e industrial. k) La garantía de la
confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. l) La
protección del medio ambiente”.
En otras palabras, la Ley de Transparencia no ha cambiado nada. La
burguesía seguirá ejerciendo con total dureza y con toda la impunidad judicial
como lo ha hecho siempre. No sabremos “oficialmente” cuántas armas vende España
ni a qué países, no sabremos “oficialmente” que Pedro Morenés, ministro de
defensa, fue, entre 2005 y 2009, consejero de Instalaza SA, una fabricante de
bombas de racimo, y menos aún que papel jugó el ministro para la firma de
contratos de suministro entre la compañía y el Ministerio de Defensa y menos
aun qué hizo el Ministerio con esas armas.
El apartado c) garantiza que la oligarquía española podrá seguir haciendo
negocios con regímenes dictatoriales brutales como Arabia Saudita, con la
mediación del rey de España, sin mayor trascendencia. El descarado apartado h)
asegura a los monopolios españoles quedar con las manos libres para seguir
cometiendo todas las tropelías que deseen, como el saqueo de las costas
somalíes por parte de la flota atunera vasca. El artículo l) ha sido,
igualmente, muy bien recibido por parte de Repsol y de las empresas
energéticas. Mantener en secreto las políticas sobre “la protección del
medioambiente” es garantía, precisamente, de que el medio ambiente no consta en
la agenda de la oligarquía española ni de sus intermediarios políticos.
Cambiar todo para que todo siga igual
Esta es la ley que necesitaba la oligarquía en este momento, una ley que se
detiene en lo anecdótico (como el sueldo de los ministros) pero que de ninguna
manera va a poner en cuestión las bases sobre las que la burguesía asienta su
dictadura.
Desde luego esta ley sólo busca un cambio cosmético sobre el que construir
un nuevo consenso social que adquiera la forma de una Segunda Transición. La
clase obrera y los sectores populares no tienen nada que ganar ni con esa ley
ni con una Segunda Transición.
Sólo una clase obrera en el Poder, controlando el Estado y ejerciendo la
dictadura del proletariado contra la oligarquía es capaz de imponer una
verdadera Ley de Transparencia. Pero eso sólo es posible e una sociedad
socialista. Hasta entonces, lo demás son cantos de sirena de la burguesía que
trata, al modo de El gatopardo, que todo cambie para que todo siga igual.