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XXXII MARCHA A ROTA

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9 de febrero de 2015

LA LEY DE TRANSPARENCIA, UNA PIEZA MÁS DE LA SEGUNDA TRANSICIÓN

La Constitución Española en su artículo 105 promete garantizar “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”, algo similar se recoge en el artículo 37 de la Ley 30/92, entonces, ¿por qué se aprueba una específica Ley de Transparencia?
 Una clase dominante nunca se mantiene en el poder únicamente a costa de la represión más descarnada; necesita un grado mínimo de consensos sociales que hagan soportable a la clase dominada su situación como tal. A medida que se profundiza la crisis estructural del capitalismo y la burguesía es incapaz de recomponer la tasa de ganancia, se incrementa el grado de explotación y de represión a que es sometida la clase obrera.
Por otro lado, la multiplicación de los escándalos de corrupción se convierten en un arma arrojadiza que copa los debates públicos de tal modo que las verdaderas causas de la terrible situación de la clase obrera y de los sectores populares quedan opacadas en beneficio de un hipócrita discurso que coloca el problema fundamental “de los españoles” en la corrupción.

El barómetro del CIS para octubre de 2014 lo deja claro: “los españoles” creen que “la corrupción y el fraude” es el segundo problema más importante del país, con mucha diferencia respecto al tercero (los “problemas de índole económica”), y sólo sobrepasado por el paro, auténtica bestia parda para los trabajadores y trabajadoras que residen en España.
Y así el artículo 26 de esta Ley recoge un amplio decálogo de “principios de buen gobierno” que, en realidad, no son más que el reconocimiento tácito del grado de putrefacción y descomposición que ha alcanzado la burguesía española.
Se acaba el consenso social
La necesidad de la oligarquía de aumentar el grado de explotación de la clase obrera es garantía de que los débiles lazos que aun sostienen el consenso social logrado con la Primera Transición estén en grave riesgo de romperse. Y así ha ido tomando forma eso que hemos dado en llamar la “crisis en la cúspide”.
Es decir, un cuestionamiento, por parte de la clase obrera y de los sectores populares, de varios de los elementos básicos sobre los que se había asentado el poder de la burguesía los últimos años: la monarquía, que está en sus momentos más bajos; la crisis del sistema de partidos y, en especial, de los dos más grandes; o la desconfianza general hacia la “política” y los “políticos”. Todo lo cual tiene su paralelo en el aumento del grado de combatividad de la clase obrera y el aumento de la capacidad de intervención del Partido Comunista.
Se avizora el fin del consenso social alcanzado en 1978 y la burguesía no va a quedarse quieta a verlas venir.
La corrupción es útil
La burguesía, temerosa de que la ruptura del consenso se traduzca en una toma de conciencia revolucionaria por parte de la clase dominada, le impulsa a mover ficha para que todo siga igual.
Por una parte, a través de sus medios de comunicación agita la manta podrida de la corrupción para velar la “guerra general” que mantiene abierta contra la clase obrera y los sectores populares. Por otra parte, la corrupción ya se ha convertido, gracias a las miles de horas de televisión, páginas de periódicos y horas de radio que ocupa cada día, en el tema estrella de las conversaciones entre la clase obrera. Y, lo que es aún peor, en la causa—supuestamente—principal de la crisis capitalista. La jugada magistral de la burguesía se cierra con la aprobación de la Ley de Transparencia.
En efecto, esta ley, que desarrolla un articulado que ya venía recogido en el ordenamiento jurídico español, se limita a ser, en realidad, una pantalla de humo con vistas a lograr un nuevo consenso social y que se convierta en una pieza angular de eso que desde el Partido hemos dado en llamar la Segunda Transición.
Ley de Transparencia…pero no tanto
Pero, al tiempo, la burguesía limita la propia ley hasta convertirla en algo absolutamente inofensiva y en un mero espantajo que sólo busca crear la ilusión de democracia. El artículo 14 lo deja claro. El derecho de acceso a la información se restringirá en todos aquellos elementos esenciales para el sostenimiento de la dictadura del capital.  Así, no habrá posibilidad de acceso a información concerniente a cuestiones básicas como:
            “a) La seguridad nacional. b) La defensa. c) Las relaciones exteriores. d) La seguridad pública. e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. h) Los intereses económicos y comerciales. i) La política económica y monetaria. j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. l) La protección del medio ambiente”.
En otras palabras, la Ley de Transparencia no ha cambiado nada. La burguesía seguirá ejerciendo con total dureza y con toda la impunidad judicial como lo ha hecho siempre. No sabremos “oficialmente” cuántas armas vende España ni a qué países, no sabremos “oficialmente” que Pedro Morenés, ministro de defensa, fue, entre 2005 y 2009, consejero de Instalaza SA, una fabricante de bombas de racimo, y menos aún que papel jugó el ministro para la firma de contratos de suministro entre la compañía y el Ministerio de Defensa y menos aun qué hizo el Ministerio con esas armas.
El apartado c) garantiza que la oligarquía española podrá seguir haciendo negocios con regímenes dictatoriales brutales como Arabia Saudita, con la mediación del rey de España, sin mayor trascendencia. El descarado apartado h) asegura a los monopolios españoles quedar con las manos libres para seguir cometiendo todas las tropelías que deseen, como el saqueo de las costas somalíes por parte de la flota atunera vasca. El artículo l) ha sido, igualmente, muy bien recibido por parte de Repsol y de las empresas energéticas. Mantener en secreto las políticas sobre “la protección del medioambiente” es garantía, precisamente, de que el medio ambiente no consta en la agenda de la oligarquía española ni de sus intermediarios políticos.
Cambiar todo para que todo siga igual
Esta es la ley que necesitaba la oligarquía en este momento, una ley que se detiene en lo anecdótico (como el sueldo de los ministros) pero que de ninguna manera va a poner en cuestión las bases sobre las que la burguesía asienta su dictadura.
Desde luego esta ley sólo busca un cambio cosmético sobre el que construir un nuevo consenso social que adquiera la forma de una Segunda Transición. La clase obrera y los sectores populares no tienen nada que ganar ni con esa ley ni con una Segunda Transición.

Sólo una clase obrera en el Poder, controlando el Estado y ejerciendo la dictadura del proletariado contra la oligarquía es capaz de imponer una verdadera Ley de Transparencia. Pero eso sólo es posible e una sociedad socialista. Hasta entonces, lo demás son cantos de sirena de la burguesía que trata, al modo de El gatopardo, que todo cambie para que todo siga igual.