La obligación de realizar másteres universitarios para el ejercicio de
actividades profesionales en España.
Los estudiantes universitarios cada día que pasa ven nuevos obstáculos en
su formación, la subida de tasas acompañada del cada vez menor número de becas,
supone para los estudiantes con menos recursos la imposibilidad de terminar sus
estudios. El destrozo de la educación pública es mayor cada día que pasa, el
despido continuado de trabajadores universitarios y profesores, junto con una
cada vez menor inversión en educación nos encaminan a un futuro muy negro,
donde solo los niños ricos podrán estudiar.
Junto a estos obstáculos en el camino que los estudiantes tenemos que ir
salvando, en algunas carreras terminar el grado ya no es suficiente para poder
ejercer una profesión. En algunos casos, como ocurre en Derecho, ejemplo al que
recurro por conocer la situación de primera mano, terminar el grado ya no es
suficiente para poder colegiarte en el Colegio de Abogados, ahora es necesario
realizar un máster y posteriormente un examen, lo que supone estar formándote
dos años más, con el coste que ello conlleva y con la dificultad añadida de encontrar
un trabajo en el que tu esfuerzo se remunere y no donde te veas obligado a
trabajar durante meses con la esperanza de que en un futuro te harán un
contrato. Tras un año de clases, el máster obliga a realizar prácticas en
despachos, prácticas que como es lógico son fundamentales para una buena
formación, pero el problema radica en las condiciones de trabajo, ya que
realizar esas prácticas donde la remuneración es una incógnita, nos obliga a
los estudiantes a vivir de nuestras familias.
La ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribunales, es la que impuso esta obligación de
realizar el máster de acceso a la abogacía para poder ejercer como abogados. Se
impuso en el 2006, pero como hasta el año pasado no comenzaron a darse estos
másteres en las universidades españolas, la situación es de completo desorden.
Hoy día siguen los debates sobre si habrá o no que hacer el examen después de
terminar el máster o sobre si una vez hecho ya será posible colegiarse. Cada
universidad, como ya ocurría en el grado (menos mal que nos vendieron bolonia
como un plan que igualaría los grados de modo que no hubiera grandes
diferencias entre una universidad y otra), ha realizado su propio máster, de
modo que entre el programa de unas y otras universidades hay notables
diferencias, aún siendo un máster de carácter obligatorio para desempeñar la
misma actividad.
A parte de las diferencias a la hora del estudio, en lo económico son
brutales. El mismo máster puede variar en la Comunidad de Madrid, de 3.000
euros a 7.000 euros, hablando siempre de precios de universidades públicas, no
incluyo precios en las privadas por razones obvias, en otras universidades de
España, nos encontramos que este mismo máster se llega a impartir por 1800
euros. Precios que la mayor parte de los estudiantes sufren cada día más para
poder pagarlos.
De todos modos no voy a negar que realizar el máster de abogacía es un
elemento importante en la formación para desempeñar en un futuro la abogacía,
ya que lamentablemente terminar el grado no supone tener conocimientos
suficientes para desempeñar la actividad profesional, siendo necesario adquirir
mayores conocimientos.
Por lo tanto es necesario que los estudiantes luchen unidos por sus
derechos, por una educación pública gratuita y de calidad, contra el capital,
que lo único que busca son jóvenes a los que esclavizar.