Los Ayuntamientos, en planes anuales, realizan proyectos de obras, que con carácter complementario o compensatorio a la escasa demanda de empleo en el sector agrícola, ayudan a los trabajadores agrícolas a alcanzar las 35 peonadas exigidas por el popularmente llamado PER.
Normalmente estas obras están cofinanciadas por las Diputaciones Provinciales, que pagan el material de construcción de las obras. Esos gastos a su vez son cofinanciados por parte de la Junta de Andalucía hasta en un 75% y la Administración Central (el Estado) paga los costes salariales de la mano de obra.
Lo usual es que para acometer esos proyectos los Ayuntamientos y Diputaciones tienen que acudir a crédito bancario público o privado (habitualmente se acude al Banco de Crédito Local). Con la prohibición que establece el Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de Mayo (Zapatazo del Gobierno del PSOE), esas obras no se podrán acometer, puesto que los Ayuntamientos y Diputaciones no dispondrán de operaciones de crédito. Debido a esto los trabajadores agrícolas además de tener el medio económico roto por la mecanización, y por la concentración en el reparto del beneficio en el capital, verán cómo se incrementa el paro y cómo la cobertura por desempleo en el medio rural andaluz podría sufrir un fuerte revés, puesto que muchos trabajadores y trabajadoras tendrán mucho más difícil reunir las 35 peonadas necesarias para tener acceso al subsidio agrario.
Este Gobierno no fue capaz de cumplir con lo que prometió en la campaña electoral y quitar el “Decretazo” impuesto por Aznar y que recorta gravemente los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo. Y ahora, cuando más paro hay en el campo, el Gobierno de Zapatero aprueba medidas para acabar con el PER por la puerta de atrás.
Por otro lado también se suprimen para el 2011 las inversiones municipales destinadas al Plan E del Ministerio de Política Territorial, con lo que los Ayuntamientos cuentan con 5.000 millones de euros menos.
Los fondos que la Unión Europea libera para los Ayuntamientos serán para inversiones que estén cofinanciadas por los órganos territoriales y repercutan en los municipios en sectores tales como Medio Ambiente, fundamentalmente, por ejemplo en la instalación de depuradoras.
Evidentemente las medidas que el Gobierno está adoptando ahoga a los Ayuntamientos y a los trabajadores que sobreviven gracias a políticas gestionadas por estos, puesto que no les dejan instrumentos para habilitar el crédito necesario para poder responder a determinadas necesidades.
Sólo un dato, si se restableciera el impuesto sobre patrimonio, impuesto que ha sido derogado en esta legislatura, no sería necesario congelar las pensiones de 6 millones de jubilados.
Insistimos la crisis la están pagando los trabajadores, mientras que las entidades financieras están especulando sobre la Deuda Pública debido a la debilidad del estado y a la pérdida de peso específico de éste en la economía debido a la privatización de los sectores estratégicos de la economía.
El Gobierno y la Unión Europea no nos llevan por buen camino ni para la recuperación económica, ni para los intereses del conjunto de la población. También queremos expresar que si este es el jarabe que nos ofrece el Gobierno, el que nos ofrece la derecha es dos cucharadas del mismo.
¡¡ HAY QUE PARARLES LOS PIES!!
¡¡ HUELGA GENERAL CONTRA EL CAPITAL!!
¡¡ POR UN EMPLEO COMUNITARIO DIGNO QUE GARANTICE EL TRABAJO A LOS OBREROS DEL CAMPO!!
