La semana pasada saltaba la
noticia en bastantes medios de comunicación de que el Concejal del PSOE en el Ayuntamiento
de Aguilar de la Frontera, José Antonio Montesinos Rosa, ha sido llevado ante
el Juez por un sindicato, el Sindicato Andaluz de Funcionarios, junto a 84
personas más vinculadas al PSOE, con nombres y apellidos que fueron alcaldes o
concejales socialistas o son familiares de dirigentes del PSOE y que
fueron presuntamente enchufados en la polémica fundación para
formar parados de la Junta de Andalucía, FAFFE (Fundación Andaluza Fondo
de Formación para el Empleo).
El Sindicato Andaluz
de Funcionarios ha denunciado ante el Juez que los 85 trabajadores,
entre los que esta José Antonio Montesinos Rosa, están vinculados al PSOE y
fueron enchufados en la fundación para formar parados del Gobierno
andaluz, FAFFE, y que fueron contratados simplemente por razones de «clientelismo
político o nepotismo». La denuncia ya hecha pública y que está en nuestro
poder y en los medios de comunicación precisa que estos empleados lograron su
plaza en la Administración «sin observar procedimiento alguno ni respetar las
exigencias legales para su contratación». Todos siguen trabajando en la Junta,
ya que pasaron de la FAFFE al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
El Sindicato Andaluz de
Funcionarios ha recopilado los nombres y apellidos de 85 trabajadores de la
FAFFE y sus vinculaciones con el PSOE, «sin descartar» que el número de
enchufados pueda ser «notablemente superior». De hecho, un atestado
de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la FAFFE revela
que han encontrado unos 200 empleados vinculados al PSOE en
esta fundación de la Junta, si bien el informe no enumera nombres y apellidos, según
informa el periódico el mundo
Para el Sindicato Andaluz de
Funcionarios, estas contrataciones “podrían ser constitutivas de presuntos delitos
continuados de prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de
influencias.”
Cuando la Fundación para
formar parados de la Junta contrató a los 85 enchufados del PSOE «se
prescindió del procedimiento legalmente establecido», ya que estos fichajes
se hicieron «con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia,
sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los
principios de mérito y capacidad», recoge la denuncia.
La FAFFE fue creada en enero
de 2003, durante la etapa de José Antonio Viera como Consejero
de Empleo, el cual ha sido enjuiciado por el caso de los ERES. La FAFFE se
extinguió, pero todos los trabajadores quedaron integrados en el SAE a partir
de mayo de 2011. Pasó de tener una plantilla de 120 empleados a 1.700.
Además, durante los ocho años que mantuvo la actividad, gestionó más de 300
millones de euros.
Aunque esta información se
conocía desde 2012, ya que lo había hecho público varios medios de comunicación,
y en la que siempre aparecía José Antonio Montesinos Rosa como presunto enchufado
en el SAE, hasta ahora no se había puesto denuncia alguna ante el Juez.
Por tanto, según la
información de que se dispone, la denuncia de este Sindicato es la única que
hasta la fecha se ha formulado en relación a tales contrataciones de personal.
Según consta en la denuncia
del SAF, los contratados en dicha entidad lo fueron sin que mediara en ello
procedimiento previo alguno, ni convocatoria pública ni posibilidad de
concurrencia por parte de otros posibles aspirantes ni criterios objetivos de
selección basados en el mérito y la capacidad, sino, por el contrario, la
directa decisión de su contratación, son indicios suficientemente sólidos para
suponer la existencia de una ilícita influencia sobre las autoridades
contratantes. Con lo que “nos hallaríamos, presuntamente, ante un delito
continuado de tráfico de influencias tipificado en el Código Penal”, todo esto
según la denuncia interpuesta por el SAF.
En la denuncia del SAF se
pone de manifiesto también que todas estas contrataciones se llevaron a efecto “por
nepotismo o por clientelismo político”, esto es, que se han efectuado
con desprecio absoluto del ordenamiento jurídico y, consecuentemente, son
presuntamente constitutivas de infracción penal. Por ello, estos hechos deben
ser objeto de una detallada investigación.
Sin lugar a dudas esta
importante información repercute en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y
en el equipo de Gobierno del PSOE, pues, siempre según la prensa y el SAF, se ha denunciado ante el Juez al que hoy es
Concejal y Portavoz del PSOE, José Antonio Montesinos Rosa, por haber sido
enchufado saltándose todos los requisitos exigidos por la legislación para ser contratado
por la Administración Pública.
Un cargo público debe ser un
ejemplo a seguir y nos parece que, de
ser verdad esta noticia, no puede pregonar igualdad para todos quien presuntamente
utilizó su cargo público y su cargo en el PSOE para enchufarse, como sería el
caso de José Antonio Montesinos Rosa.
Desde UPOA entendemos y
exigimos que el Concejal del PSOE, José Antonio Montesinos Rosa, debe inmediatamente
dar explicaciones públicas, desmentir, aclarar o hacer las declaraciones que crea
oportunas al respecto. Tiene que dejar bien claro que no tiene nada que ver con
las presuntas contrataciones irregulares
denunciadas por el SAF y la prensa, en las que siempre aparece su nombre.
Y puede hacerlo, porque ya varios
de sus compañeros lo han hecho.
Entendemos desde UPOA que,
de no hacerlo, se resentiría gravemente la confianza que el ciudadano tiene en
las instituciones públicas, en el ordenamiento jurídico, así como en la
justicia.
Los aguilarenses no se
merecen esto. Los aguilarenses tienen derecho a saber. Por ello, y para
terminar, exigimos explicaciones públicas sobre las presuntas irregularidades en la contratación de José
Antonio Montesinos Rosa en el SAE, paso
previo por FAFFE.
¿Utilizo José Antonio Montesinos Rosa su cargo de Concejal para presuntamente
enchufarse en el SAE, como denuncia el SAF y los medios de comunicación?
A
él le toca dar explicaciones públicas.
