Anualmente la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales realiza un informe sobre la
situación de las personas dependientes del Estado español. En el informe de
este año, el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, se recoge un dato
extremadamente preocupante:
en los últimos cinco años han fallecido 150.000
personas con el derecho reconocido a recibir servicios o prestaciones derivados
de su situación, sin llegar a percibirlo. Dicho de otra forma, 90 personas
mueren cada día sin haber recibido la ayuda económica que les aumentaría su
calidad de vida y, por lo tanto, podría llegar a extenderla y hacerla más
llevadera en una situación de dependencia.
Fuente: Observatorio Estatal de la Dependencia
Según
este mismo informe, el 2,6% de la población, 1.213.873 personas, tiene derecho
a algún tipo de ayuda dentro de la Ley de Dependencia, pero el 28,69%, 348.309
personas, no recibe ningún tipo de ayuda a pesar de tener la dependencia
reconocida. De esa enorme cantidad de personas desatendidas, el 35%, 122.000
personas, tiene reconocida dependencia de grado II o grado III, que se traduce
en la necesidad de apoyo extenso y continuado. Además, a fecha de 31 de
diciembre de 2016 había 103.238 personas pendientes de valoración. Ante estos
datos, es fácil darse cuenta de cómo todas las personas tenemos en nuestro
entorno al menos a una persona con dependencia que se ve afectada por este
problema.
Tras
diez años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia podemos observar
cómo éste es ineficiente en su vertiente económica para la que no se dispone de
suficiente presupuesto debido a los continuos recortes. Concretamente, se han
recortado 3.734 millones de euros entre Comunidades Autónomas y Administración
General del Estado en dicho período de cinco años. Además, mientras que el
Estado central dice que aporta el 50% del importe de las ayudas, en realidad
está aportando el 17% , mientras las Comunidades Autónomas aportan el 83%
restante. Se calcula que existe un copago soportado por las personas en
situación de dependencia y sus familias que asciende a 1.455 millones de euros.
Esta
situación de falta de financiación también afecta al desempleo y a la
recaudación de la Administración General del Estado. Si se estuvieran
entregando las ayudas a tiempo, se habrían generado 78.000 puestos de trabajo y
se habría recaudado 900 millones de euros de recaudación de Seguridad Social,
IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades solo en el período 2012-2016.
El
informe analiza además otras cuestiones: el incumplimiento de la Disposición
Final séptima de la Ley 36/2011 que adjudicaría las cuestiones judiciales por
razones de dependencia al orden de lo Social en vez de a la jurisdicción
contencioso-administrativa, mucho más lenta, costosa y sin garantías; la
feminización de los cuidados, ya que estos recaen principalmente en mujeres
familiares o contratadas que probablemente además luego se encargarán de sus propias
tareas domésticas y se ven sometidas a la doble opresión de mujer y
trabajadora; y las desigualdades entre Comunidades Autónomas en modelo de
gestión, cobertura y financiación.
Jose L. Aedo