El Gobierno andaluz saca a licitación
todas sus cuentas públicas, un volumen de pagos que se repartirán seis
entidades, que tendrán que abonar a proveedores y becarios si la Junta se
retrasa.
El Gobierno andaluz ha sacado a licitación la gestión de todas sus cuentas públicas,
que mueven un volumen de pagos superior a 31.000 millones de euros, el
presupuesto autonómico para todo el año.
Para no dejar todo el capital andaluz en una sola entidad
financiera, la Consejería de Hacienda ha licitado el presupuesto dividido en seis
grandes lotes, en los que se agrupan las obligaciones de pago de la
Administración: desde las nóminas de los funcionarios hasta la financiación a
farmacéuticas y universidades, pasando por los gastos de funcionamiento de los
colegios y las becas.
Todo el Gobierno andaluz y sus políticas traducido en grandes
cifras, que serán gestionadas como mínimo por tres grandes bancos, y como
máximo por seis.El objetivo de la licitación, según Hacienda, es poner orden en los pagos y lograr más transparencia en los
movimientos bancarios.
Hasta ahora, la Junta de Andalucía venía trabajando con 17
entidades financieras y contaba con unas 600 cuentas abiertas. Dentro de dos
meses, cuando culmine el proceso de licitación y se adjudiquen los contratos,
el Ejecutivo de Díaz simplificará su gestión interna: pasará a operar con seis
bancos, y todos sus fondos se concentrarán en 10 cuentas bancarias.
Pero, en realidad, la licitación de las cuentas públicas tiene un
segundo objetivo: los pliegos de condiciones para lograr el contrato con el
Gobierno andaluz incluyen el decreto de garantías de tiempos de pago y que compromete a los
bancos a adelantar el pago a proveedores en caso de que la Junta se retrase.
La norma, recientemente aprobada, obliga al Ejecutivo de Susana
Díaz a abonar antes de 20 días a sus proveedores y empresas conveniadas con la
Administración que prestan servicios prioritarios, como la sanidad, la
educación y las políticas sociales (ahora el promedio de pago de la Junta es de
26,22 días).
La misma norma fija un máximo de 45 días para abonar las becas de estudios y
las subvenciones. El
objetivo es que los problemas de liquidez del Gobierno, frecuentes en los
últimos años de crisis, no afecten al normal funcionamiento de los servicios
fundamentales.
La norma introduce por primera vez un sistema de garantía de cobro pionero en una Administración, para que, en
caso de que la Junta incumpla sus plazos de pago, el trabajador o la empresa
afectada podrá reclamar ese dinero a un banco y éste lo abonará de inmediato.
Las entidades financieras se convertirán así en prestamistas del Gobierno
andaluz.
La Consejería de Hacienda ha incluido el reglamento de este decreto de garantías de pago dentro del pliego de
condiciones que deberán cumplir las entidades financieras que quieran gestionar
sus cuentas públicas.
Los bancos que obtengan el contrato serán también los responsables
de hacer frente a los retrasos en los pagos a proveedores de la Junta. Por
supuesto, a cambio las entidades cobrarán al Ejecutivo andaluz algún tipo de
interés, que ellos mismos calcularán al pujar por el contrato de las cuentas
públicas.
Con esta estrategia, el Gobierno de Díaz
quiere asegurarse el tipo de interés más bajo posible, dado
“el atractivo para las entidades financieras en gestionar un volumen de pagos
anuales de más de 31.000 millones de euros”. El Banco de España establece un
mínimo de interés (llamado de prudencia financiera) que puede pagar la Junta
por una póliza a corto plazo, como en este caso.
No es el único beneficio que la Junta quiere
sacar de la licitación de sus cuentas. Las entidades financieras que pujen por
gestionar el presupuesto andaluz estarán obligadas a ofrecer una importante línea de crédito al Gobierno de Díaz, con un
tipo de interés mínimo (se usará como referencia el Euribor).
En concreto, según fuentes del departamento
de Hacienda, la Junta pide seis líneas de crédito (una por cada uno de los seis
lotes en los que ha dividido los 31.000 millones del Presupuesto) por valor
global de 1.100 millones de euros al año (casi un punto del PIB regional),
prorrogable hasta que dure el contrato (entre dos y cuatro años).
Esos 1.100 millones de euros se subdividen en seis
partes, de modo que el lote con mayor volumen de gestión (8.850
millones de euros) requiere un crédito de 350 millones de euros euros; mientras
que el sexto lote, el de menor peso (1.500 millones) exige un crédito de 60
millones de euros. Las entidades que firmen el contrato y que, anteriormente,
ya tuvieran una línea de crédito concedida al Gobierno, tendrán que
actualizarlo según las condiciones del nuevo acuerdo. La Junta ya maneja
préstamos a corto plazo con varios bancos para hacer frente a sus necesidades
de Tesorería.
Los seis lotes en los que se subdivide el
Presupuesto andaluz reparten la gestión de los pagos de las nóminas de los
médicos y profesores andaluces, las cotizaciones sociales, el pago a
farmacéuticas, universidades y ayuntamientos, la deuda comercial o la gestión
de impuestos y tasas estatales.
Es evidente que sólo los bancos que coticen en
el Ibex 35 podrán presentarse al concurso, puesto que el principal requisito es
contar con un volumen de negocio de al menos 2.500 millones en los últimos tres
años.
Además, la licitación incluye cláusulas sociales y medioambientales,
por ejemplo, relativas a personas trabajadoras con discapacidad, promoción de
la igualdad entre mujeres y hombres, y normas de garantía de la calidad y de
gestión medioambiental.
Articulo extraido de "diario Público".