El día 31 de marzo de 2016
el grupo municipal de UPOA ha presentado
a modo de denuncia en el juzgado de Aguilar de la Frontera poniendo en
conocimiento del juzgado unos hechos que pudieran constituir inicialmente un
presunto delito de prevaricación en la persona del Alcalde de Aguilar de la
Frontera Don Francisco Juan Martin Romero.
Tenemos que decir que, en
septiembre de 2014 el señor secretario general
y la señora interventora del ayuntamiento, es decir, los técnicos encargados
de toda la economía y fondos y de la legalidad municipal, redactaron un informe
que firmaron conjuntamente a petición del Alcalde de Aguilar.
En este informe se hace
referencia a la situación de ilegalidad manifiesta de una trabajadora del
ayuntamiento de Aguilar, y que pese a las reiteradas advertencias de la señora
interventora del mismo, al señor Alcalde y autoridades competentes se están
manteniendo en las mismas e ilegales circunstancias.
En
dicho informe se dice que desde junio de 2007 hasta la actualidad esta trabajadora
presta sus servicios en este ayuntamiento sin contrato laboral alguno.
Y repetimos esto lo firma el
señor secretario general y señora interventora del ayuntamiento de Aguilar.
Esta trabajadora estaba
prestando sus servicios en la residencia municipal de ancianos y cuando se cerró
en el año 2010 pasó a prestar sus servicios en el comedor escolar del Carmen Romero.
En dicho informe se dice que de haber
conocido el secretario y la interventora esta situación desde el 2010 ya
hubiera puesto reparo con efectos suspensivos de las nóminas de esta trabajadora.
Por todo esto, y desde
septiembre de 2014, la señora interventora está formulando reparos con efectos
suspensivos sobre el pago mensual de la nómina de esta trabajadora.
Es
decir, el alcalde está manteniendo una situación extraordinariamente irregular
teniendo que levantar por decreto los reparos mensualmente para poder pagar a
esta trabajadora, lo que es algo totalmente anormal en una administración
pública.
No entendemos como este Alcalde
lleva levantando el reparo ya durante 17 meses en vez de tomar las medidas
necesarias que permitan la regularización de esta trabajadora ya que se están
claramente vulnerando sus derechos.
Esta es una consecuencia más
del cierre de la residencia de ancianos municipal y de la privatización del
comedor escolar del colegio Carmen Romero, todo ello consecuencia de las políticas
del PSOE, una desde el ayuntamiento, la otra desde la Junta de Andalucía.
Ya advertíamos UPOA que
tanto el cierre de la residencia municipal de ancianos como la privatización del
comedor escolar del Carmen Romero traería problemas para los trabajadores.
También hay que decir que
esto se agrava cuando en el presupuesto para el 2016 viene un informe de la
señora interventora donde dice que”
muestra su disconformidad con el pago de la nómina de esta trabajadora y de que aparezca en el anexo de personal”,
es decir un informe en contra.
Este fue el principal motivo,
aparte de otros políticos, de recortes y privatizaciones y falta de proyectos,
por los que UPOA voto en contra del presupuesto.
Y lo dijimos en el debate y
lo decimos hoy:
UPOA no ha sido, no es, ni
va a ser, cómplice de este tipo de política que práctica el señor Alcalde de
Aguilar
Por eso hemos puesto a
disposición judicial los hechos, que es en lo que consiste la denuncia, en
poner a disposición judicial la información de unos hechos.
Tenemos
que decir que el juzgado de Aguilar lo ha admitido a trámite, que ha abierto un
procedimiento y que ya ha llamado a personas a declarar en calidad de testigos.
También
tenemos que decir que UPOA nos hemos personado en la causa como acusación
popular.
