Mónica González, delegada de
Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real, está procesada por la Audiencia
Nacional por una supuesta estafa millonaria a inmigrantes sudamericanos que
estalló en el año 2006. La edil, militante de Podemos y concejala desde el
pasado junio, se enfrentará en el juicio que aún no tiene fecha a una petición
de cárcel de la Fiscalía de cuatro años por un supuesto delito de estafa y a
otra de 10 años de prisión que reclama la acusación particular, que aprecia,
junto con el de estafa, otro delito de asociación para delinquir.
Licenciada en Derecho, experta en inmigración y extranjería y de 37 años de edad, Mónica González está implicada en el complejo caso Eurowork, en el que supuestamente se estafó alrededor de 2,5 millones de euros a 5.000 inmigrantes sudamericanos, a los que esta entidad prometía visados y trabajo en España a cambio de dinero. La puertorrealeña llegó a ser administradora única de la empresa en España, donde supuestamente llegaba todo el dinero de los estafados proveniente de sus ciudades de origen en países como Perú, Honduras, Ecuador, Colombia o México.
Licenciada en Derecho, experta en inmigración y extranjería y de 37 años de edad, Mónica González está implicada en el complejo caso Eurowork, en el que supuestamente se estafó alrededor de 2,5 millones de euros a 5.000 inmigrantes sudamericanos, a los que esta entidad prometía visados y trabajo en España a cambio de dinero. La puertorrealeña llegó a ser administradora única de la empresa en España, donde supuestamente llegaba todo el dinero de los estafados proveniente de sus ciudades de origen en países como Perú, Honduras, Ecuador, Colombia o México.
A través de anuncios en prensa o grandes carteles publicitarios, Eurowork ofrecía el sueño europeo a quienes deseaban salir de sus países con destino a España. También cayeron en el engaño ciudadanos que ya residían en España y querían traer a sus familiares. El método era sencillo: cada persona tenía que pagar 465 euros para obtener el visado y un puesto de trabajo. La empresa se dedicaba a "la selección de mano de obra de cualquier tipo de ocupación y nivel de cualificación procedente de Latinoamérica", según su web, por lo que el catálogo de posibles víctimas era bastante.
Pese a que le empresa llegaba a emitir un recibo del pago con un compromiso de devolución en caso de no haber logrado el empleo en tres o seis meses, dependiendo del caso, lo cierto es que fueron muy pocos los que lo lograron. La mayoría de ellos recibieron respuestas poco claras. "Estamos tramitándolo y va lento", "el INEM no nos ha enviado aún la documentación" o "ya tenemos un trabajo para usted pero aún hay que cerrar algunos papeles".
Cansados de las excusas banales los afectados empezaron a sospechar. Algunas de las filiales en Latinoamérica empezaron a cerrar y todo se centralizó en Madrid. Allí, Mónica González sólo atendía por teléfono y explicaba a los afectados que "los retrasos en la tramitación de expedientes son culpa del Gobierno y no de Eurowork", según explicaron las propias víctimas de la estafa. Tampoco se daba respuesta a quienes cansados de esperar solicitaban la devolución del dinero, tal y como figuraba en el 'contrato' que habían recibido.
Poco tardaron en aparecer las primeras denuncias en Sudamérica, que fueron derivadas a España después de que los responsables de las filiales latinoamericanas señalasen a Madrid como lugar donde iba a parar todo el dinero. Allí administraba la empresa Mónica González, a quienes los acusados señalaban como "mano derecha" del supuesto ideólogo de la trama, Luis Batlle Vilaseca.
Las denuncias fueron creciendo por cientos hasta superar las 5.000. El caso pasó en 2007 a manos de la Audiencia Nacional y el juez Baltasar Garzón ordenó el bloqueo de las cuentas de Eurowork. Tanto Luis Batlle como González fueron detenidos por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional en marzo de 2007, junto a otras personas implicadas, y puestos en libertad con cargos a la espera de juicio.
El letrado Demóstenes Mamani, que defiende a una parte de los afectados, recuerda que en el año 2011, una vez que culminó la fase de instrucción, la acusación particular (con varios abogados que defienden a los supuestos estafados) solicitaron para el principal acusado, Luis Batlle, doce años de prisión por supuestos delitos de estafa y de asociación para delinquir, y diez años de prisión para Mónica González Gómez por los mismos delitos.
Por su parte, el Ministerio Fiscal solicitó para todos los imputados, además de la pena de cuatro años de prisión, una multa económica y una indemnización para los perjudicados.
Pero el juicio nunca llegó a celebrarse. A finales de mayo de 2012 la Audiencia Nacional decretó la apertura del juicio oral pero pocos días después lo suspendió "hasta nueva fecha" porque dos de los principales autores del hecho, cuyas declaraciones se consideraban esenciales por ser los creadores de la trama y que de alguna manera implican al resto, se encontraban en paradero desconocido.
Uno de ellos era Luis Batlle, que huyó del país y que no fue localizado por la Policía hasta octubre de 2014, cuando fue detenido en Tailandia. Allí, donde había conseguido entrar con documentación falsa mejicana, se hacía pasar por una famoso chef español y maestro cervecero.
La detención del principal cabecilla, que llegó a España el pasado julio tras se extraditado, ha permitido la reapertura del caso y que todos los acusados, entre ellos la concejala puertorrealeña, sigan acusados de estafa por un caso que a punto ha estado de prescribir.
Militante primero del PSOE -formó parte de la candidatura que este partido presentó a las elecciones municipales de 2011 en Puerto Real aunque sin salir elegida-, Mónica González se acercó tras las movilizaciones del 15-M al círculo local de Podemos. Se presentó a las elecciones primarias de Sí se Puede Puerto Real, con la que concurrió a las elecciones municipales de 2015 en el número cuatro de la lista.
Grupo Joly
