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UPOA 8 DE MARZO 2019

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6 de agosto de 2013

¿QUIÉNES SON REALMENTE LOS RESPONSABLES DEL ACCIDENTE FERROVIARIO DE GALICIA?

Vaya por delante el pésame a los familiares de las víctimas de este grave accidente así como nuestra solidaridad y disposición de ayuda para con todos los heridos deseando una pronta recuperación y que los derechos que le corresponden se hagan efectivos.

Pasados los primeros días tras el grave accidente ferroviario de Santiago de Compostela, es momento de analizar las causas de este siniestro así como delimitar con claridad todas las responsabilidades de cada uno de los actores en esta tragedia.

Porque a la Coordinadora Sindical de Clase nos parece un auténtico disparate todo lo que ha rodeado este accidente. Sobretodo de los dirigentes políticos y sus compinches de clase, los empresarios que han participado en la construcción de la Línea de Alta Velocidad accidentada, que permiten visualizar, una vez mas, los corruptos entramados en base a adjudicaciones de obras públicas y financiación ilegal de partidos políticos.

 Como hienas se han lanzado al cuello del trabajador de RENFE buscando una cabeza de turco tratando de eludir sus propias responsabilidades cuando la investigación apenas había comenzado, como es el caso del presidente de ADIF, Gonzalo Ferré.

Más que el error humano habría que buscar las negligencias en la construcción del tramo de Alta Velocidad. La de los responsables políticos que aprobaron este proyecto (el PSOE en el gobierno nacional y el PP en el autonómico) que por urgencias electorales y recortes presupuestarios no dudaron en autorizar un trazado sumamente peligroso que, además, conllevó el desalojo y derribo de viviendas para adaptar este tramo al proyecto de la Alta Velocidad Española.




 No debemos olvidar los efusivos abrazos entre José Blanco (entonces Ministro de Fomento) y Feijoó (presidente autonómico) el día de la inauguración. Estas prisas hicieron que el trazado sea un compendio de tramos nuevos y antiguos que obliga a una reducción brusca de la velocidad en tramos como el de A Grandeira, lugar del accidente. Tramos que técnicamente están contraindicados para una línea de alta velocidad.

Más que la criminalización de un trabajador, se debería investigar la culpabilidad de las empresas implicadas en el proyecto de Alta Velocidad para Galicia y su desvergüenza para eludir sus responsabilidades intentando salvar sus futuras concesiones en Brasil, Estados Unidos, Rusia, Kazajistán o los Emiratos Árabes en donde las normas de los concursos especifican que se tiene que acreditar que “la empresa operadora del tren no ha participado en la operación de cualquier sistema TAV donde hubiese ocurrido un accidente fatal” en un período de 5 años.

 Al menos, la mitad de las empresas del consorcio que aspira a hacerse con el contrato brasileño están directamente relacionadas con el accidente: RENFE, como compañía ferroviaria; Adif, como gestor de la red viaria; TALGO y Bombardier, como fabricantes del tren; y Dimetronic, como creadora del sistema ASFA de frenado.

 El adjudicatario, con un presupuesto de 12.700 millones de euros, se conocerá el 19 de setiembre, razón suficiente para que esta gente sin escrúpulos para iniciar una campaña de linchamiento contra un trabajador que debería haber contado con los sistemas técnicos necesarios para evitar este accidente pero con los que, incomprensiblemente, la línea TAV carecía. 

Más que la morbosa campaña promovida por los medios de comunicación, no hubiera estado de mas que estos se hubieran dedicado a investigar todos los elementos señalados anteriormente, así como los efectos de los recortes presupuestarios en las infraestructuras públicas, las reducciones de gastos en los presupuestos de mantenimiento de RENFE, los Expedientes de Regulación de Empleo y su incidencia en una plantilla diezmada o los estímulos a la productividad consistente en descuentos salariales en el caso de retraso de los trenes.

 O en las rastreras razones por las que se decidió trasladar a todos los siniestrados a clínicas privadas mientras a escasos metros del accidente existía un centro sanitario público dotado con instrumental de última generación cuyo personal permaneció alerta a la espera de la llegada de heridos sin que nadie ingresara en él.

Intentar centrar la responsabilidad en una persona es, sencillamente, una bajeza moral. Analizar las causas del accidente y señalar a sus responsables es un ejercicio que muy pocos están dispuestos a realizar pero que desde la Coordinadora Sindical de Clase no podemos ni debemos eludir. Así como la denuncia de una innecesaria red de Líneas de Alta Velocidad que responden más a los intereses inversionistas de una patronal ávida de negocios que a las necesidades del pueblo trabajador de un tren público, accesible y seguro.