La jueza Mercedes Alaya ha enviado a prisión al dueño de la mediador Uniter por el caso de los ERE fraudulentos. Señala que González Mata actuó con la connivencia de sindicatos y cargos de la Junta.
La juez que investiga los expedientes de
regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya,
considera que el dueño de Uniter, José González Mata -a
quien en la noche de este martes envió a prisión eludible bajo fianza de
600.000 euros-, "sería uno de los principales partícipes en el saqueo de
las arcas andaluzas, con la indiciariaconnivencia de sindicatos y
cargos públicos de la Junta".
Así se refiere la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla en el auto
de ingreso en prisión recogido por agencias y donde imputa al propietario de la
mediadora Uniter presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de
influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, falsedad en
documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de
capitales.
Según Alaya, existen "sólidos
indicios" contra González Mata que participó de manera activa en la utilización ilegítimade fondos públicos junto a
los responsables de la Consejería de Empleo,
fundamentalmente con los directores generales de Trabajo Francisco Javier
Guerrero y Juan Márquez y el consejero de Empleo, antes viceconsejero, Antonio
Fernández.
Para la jueza, tendría también una
actuación decisiva junto al inculpado representantes de los sindicatos UGT y
CCOO, tanto de contacto como de información previa sobre las empresas en
crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior. De su auto se
desprende que Uniter realizó "pagos periódicos a los sindicatos UGT y CCOO, los
cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades
y no responderían a ningún conceptodefinido y
efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún
servicio a Uniter que los justificara".
UGT-A: “No hay ninguna trama sindical para conseguir ERE”
El sindicato UGT en Andalucía ha salido al paso de las consideraciones
de la juez Alaya asegurando que su papel “ha sido siempre” el de “exigir
soluciones ante la crisis de las empresas, preservar el mayor empleo posible,
la búsqueda de salidas menos traumáticas y conseguir las mayores
indemnizaciones posibles si no queda otro remedio y, en su caso, el mejor
sistema de prejubilación posible”.
En un comunicado, asegura que “nuestro papel no ha ido nunca más allá de la
firma de protocolos con las empresas, si existía, y las administraciones
afectadas dispuestas a colaborar en la búsqueda de soluciones a empresas en
crisis”.
“Nunca hemos formado parte de ningún proceso de negociación de un ERE
porque, según los estatutos de UGT y nuestro organigrama interno, esa responsabilidad
corresponde a las Federaciones estatales que poseen personalidad jurídica
propia y capacidad para actuar con total autonomía en el ámbito de sus
competencias”, asegura.
“UGT Andalucía no ha
mantenido con las aseguradoras, intermediarios, cargos públicos, conseguidores,
etc., todos ellos presuntos predadores de dinero público, ningún tipo de
relación en torno al investigado asunto de los ERE. Tampoco hemos mantenido
ningún tipo de relación económica, un extremo radicalmente falso. Y nuestras
cuentas están a disposición de la justicia si quieren verlas”, mantiene el
sindicato.
“Somos los primeros interesados en que todo este asunto se resuelva. Nos
hemos personado como acusación popular en cuanto surgieron las investigaciones
y hemos ido por delante del juzgado en nuestras actuaciones internas cuando
hemos detectado que alguien de la UGT había participado de forma irregular en
el asunto de los ERE”, concluye.