Por otro lado, poco después, los acontecimientos surgidos desde el 15M rompían con la pasividad y situaban a la sociedad en un escenario de movilización sin precedentes desde que surgió la crisis, lo que, en opinión de estos sindicatos, debía ahora “trasladarse a los centros de trabajo, situando las reivindicaciones sociales y económicas de trabajadores y trabajadoras en el centro del debate público, aportando a este movimiento las herramientas necesarias para la confrontación y la lucha en el terreno económico y laboral, complementando a las demandas socio-políticas la acción concreta contra el capitalismo”.
Los contactos se concretaron el 24 de junio en una primera reunión entre CNT, CGT, Solidaridad Obrera y la Coordinadora Sindical de Clase –esta última agrupa a sindicatos como la Plataforma de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Alternativa Sindical de Trabajadores de Telefónica y un largo etcétera. Por su parte, Intersindical o Co.Bas mostraron interés en acudir a las siguientes convocatorias.
A esa primera toma de contacto, le siguieron otras dos el 29 de julio y el 2 de septiembre, a las que también se sumaron Acción Social y Sindical Internacionalista Zaragoza, Sindicato Asambleario de Sanidad o del grupo de trabajo de Huelga General del 15M en Madrid, además de hacerse una invitación a “aquellas organizaciones que desde distintas realidades territoriales o sectoriales compartan la necesidad de trabajar desde estas premisas hacia la movilización para la huelga general”.
Agenda de movilizaciones P or el momento, y aparte de apoyar las movilizaciones en los sectores de la enseñanza y la sanidad pública, los contactos ya han dado un fruto inmediato, el de una jornada de lucha a nivel estatal para el 29 de septiembre –cuando se cumple un año de la última huelga general en todo el Estado– bajo el lema “La lucha está en la calle - Hacia la Huelga General”.
La movilización supone “un primer paso de un calendario de movilizaciones que se quieren concretar, junto a las organizaciones que se incorporen al proceso, en torno a una nueva jornada de lucha para mediados de octubre y manifestaciones estatales en el mes de noviembre, con el fin de centrarse en las reivindicaciones obreras del reparto del trabajo y de la riqueza, la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales, desde la perspectiva de un cambio radical del sistema económico, el debate social y político”.
Todo ello pretende ir calentando el ambiente de cara a una próxima huelga general. Además, y para exponer públicamente sus propuestas, las organizaciones citadas van a realizar el 24 de septiembre un debate público en el centro social Fe,10 (Madrid).
Los participantes comparten un rechazo frontal a unas políticas que, con las sucesivas reformas laborales, los recortes en las pensiones, la reforma de la negociación colectiva y los recortes sociales, pretenden que sean los trabajadores y los sectores más débiles de la sociedad quienes paguen la crisis capitalista. Además se han comprometido a trasladar desde las distintas realidades y prácticas, en los barrios y en los centros de trabajo, la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras se enfrenten a unas políticas que les quieren hacer pagar la crisis capitalista.
El precedente de las huelgas de enero contra el pensionazo
La oposición a la subida de la jubilación a los 67 años supuso el primer intento serio de organizar una respuesta sindical al margen de CC OO y UGT. Así, y partiendo de la realidad existente en cada territorio, los sindicatos alternativos tomaron la iniciativa y el 27 de enero se convocaban huelgas generales en Catalunya, Galizia, Euskadi y Navarra y se organizaba una jornada de lucha y movilización en el resto del Estado. La experiencia, aunque de impacto limitado, supuso el primer aviso de que algo se movía al margen de los sindicatos de concertación. Posteriormente, el camino abierto en enero se ha ido extendiendo a otros territorios como Aragón, Extremadura o Canarias, donde en los últimos meses se han sucedido manifestaciones unitarias contra la política económica del Gobierno, sí, pero también contra política de pacto social y desmovilización impulsadas desde el sindicalismo institucional de CC OO y UGT.
