En la mañana del sábado 22 de enero, decenas de miles de funcionarios de la Junta de Andalucía se echaron a la calle para dejarle muy claro al Gobierno andaluz, que preside el socialista José Antonio Griñán, que no están dispuestos a pasar por el aro del enchufismo y la manipulación partidista. La manifestación había sido convocada por todas las organizaciones sindicales del ámbito de la función pública (salvo CCOO y UGT, que apoyan el Decreto), entre ellas CSIF, USTEA, SAFJA, SAT, CGT, USO, Plataforma de Empleados Públicos Andaluces (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía y otros colectivos políticos y sociales para pedir la derogación inmediata del Decreto Ley de Reordenación del sector público andaluz (Decreto 5/2010).
La manifestación, que partió a mediodía desde el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, recorrió algunas de las principales arterias de la ciudad de Sevilla, para acabar sobre las tres de la tarde en la puerta del Parlamento, donde se leyó un manifiesto consensuado por todas las organizaciones convocantes, pidiendo que se detenga este ataque contra la ciudadanía andaluza, ya que dicho Decreto no sólo supone una pérdida de derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector público andaluz sino que detrás se esconde un ataque perfectamente organizado contra todos los ciudadanos, que “pierden garantías de transparencia, imparcialidad objetividad” en todos los procedimientos que tengan que ver con la administración pública. Así mismo, el manifiesto hizo hincapié en la necesidad que hay en Andalucía “de una profunda reordenación del sector público", no obstante, excluyendo “cualquier otra fórmula de Administración paralela o gestión privada". Se habló, por supuesto, de "la transparencia en la gestión del dinero público" y se advirtió del peligro que supone que la Administración de la Junta de Andalucía se convierta en "un nicho de empleo precario".
Durante todo el recorrido, los manifestantes, siempre en un clima festivo, y dejando bien claro que no hay lugar para actos vandálicos como se ha venido insinuando desde el Gobierno de la Junta, corearon numerosos eslóganes contra el Presidente de la Junta, contra la Consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, artífice de esta reforma, y contra Mar Moreno, la número dos del gobierno andaluz.
Para Rocío Luna, Responsable Federal del Sector de Función Pública del sindicato USTEA, si finalmente este Decreto sale adelante, "habrá una pérdida de derechos no sólo para los empleados públicos, sino para todos los ciudadanos".
Rafael Calero Palma
