Tal y como se puede apreciar en el artículo tercero de la resolución del pasado 29 de diciembre de 2010 del Instituto Nacional de la Administración Pública, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer viernes, el gobierno ha adjudicado otros 26,7 millones de euros para el uso y disfrute de las organizaciones sindicales, bajo el paraguas de ‘cursos de formación’, con el objetivo de apaciguar los rumores de una nueva huelga general.
A diferencia de otras ocasiones, en las condiciones de la ‘subvención’ se especifica que no será necesario aportar facturas de consumo de agua, electricidad, teléfono, materiales, etcétera. Dando la posibilidad a los sindicatos de hacer de su capa un sayo, y gastar este dinero de la forma que prefieran.
Al perder el escaso control que ostentaba la gestión de estos fondos, se convierten en subvenciones a fondo perdido, utilizando la fórmula de los ‘cursos de formación’ para acallar el hambre de huelga general, ante unas organizaciones que claramente luchan por su propio beneficio.
Lo que no es lícito ni equitativo es que unas organizaciones que en la teoría deberían de ser sin ánimo de lucro, ajenas al poder político y libre buscadoras de los intereses más favorables de los trabajadores y trabajadoras de este país, se han convertido en unos auténticos mercenarios. Que no rebajan sus pretensiones aún contemplando la creciente carestía de recursos de la que se dispone en las arcas públicas.
Desde luego, este conjunto de organizaciones para mi ya no merecen el nombre de sindicatos, sino el de grupos de presión interesados, que intentan perpetuar sus derechos de manera legítima sin prestar nada a cambio.
