En definitiva concesiones que los Gobiernos efectúan en la negociación colectiva a un sector estrategico que actúa de una forma corporativista y que el ministro Blanco pretende hacer retroceder aunque ello suponga un conflicto laboral.
El conflicto laboral está creado desde el punto y la hora en la que los contraladores a estas fechas muchos de ellos han realizado ya la jornada de 1680 horas anuales, por lo tanto, el Gobierno tiene que garantizar la prestación del servicio y tiene que buscar la formula. La única formula que el Gobierno busca es que sigan trabajando, sin que exista el pago de horas extraordinarias, es decir, que el Gobierno traslada la responsabilidad de la prestación del servicio a la plantilla de controladores, cuando estos trabajadores tienen una relación laboral que es contratual ( es decir, cobran por trabajar) y la organización del servicio siempre y por ley es responsabilidad de la empresa.
Muchos son los aspectos que hay que analizar en este conflicto laboral que se ha convertido en un tema de Estado.
Por supuesto que el ciudadano, sin previo aviso, no puede permitir, que unos Sres. se pongan en huelga, insistimos sin previo aviso, y cientos de miles de ciudadanos queden abandonados en los aeropuertos.
Pero al final el asunto real del que estamos tratando es del reparto del pastel, a nosotros al igual que a la mayoría de ciudadanos nos parece que tienen un sueldo excesivo, pero ese sueldo si no lo cobran ellos quién se lo lleva, evidentemente se lo lleva el empresario en beneficios. Y nos preguntamos ¿si se les ha bajado el sueldo no sería posible que al menos parte de esa masa salarial repercutiera en la creación de empleo necesaría para la prestación del servicio?.
Los controladores no han debido llevar este conflicto de esta forma, evidentemente, si querían huelga, tenían que haberla comunicado con 10 días de antelación por ser servicio público. Aquí el conflicto en cuestión no se trataba de perdida de puestos de trabajo, ni de privatizaciones (las cuales están pendientes y su sindicato todavía no ha dicho nada). Pero también hay que tener en cuenta que existe abuso de la patronal en los servicios mínimos de estas huelgas de sectores como los transportes, telefónica, etc...donde se decretan ante la convocatoria de una huelga hasta el 80% de presencia de las plantillas, lo que en cifras reales es la asistencia de más trabajadores que en un día normal.
El Gobierno ha recogido los lodos de los que sucesivos Gobiernos han sembrado que no es otra cosa que el reconocimiento y apoyo que le ha dado a un sindicalismo desclasado de corte Corporativista.
Pero C.T.A., aún rechazando la repercusión que el conflicto ha tenido contra los ciudadanos, que nada tienen que ver con esta situación, no puede admitir de ninguna de las maneras la militarización de la sociedad civil. Lo mismo ocurriría sobre la huelga del metro, que en caso de huelga podría ser militarizado, o en cualquier huelga del sector público o privado que afecta a los ciudadanos. Esto es un aviso para neutralizar la conflictividad laboral por la vía de la militarización en los servicios públicos. Evidentemente las huelgas se hacen para que tengan repercusión sobre la actividad económica del sector. Y el derecho a Huelga es un derecho fundametal de la persona aunque sea un derecho colectivo y que afecta directamente a las libertades públicas.
En el fondo desde la patronal y el propio Gobierno lo que se pretende es ilegalizar por la vía de los hechos cualquier oposición al régimen económico capitalista.
