El aborto no es un derecho en las sociedades capitalistas. Es un
negocio. La mayoría de interrupciones de embarazos (IVE) se hacen en centros
privados en nuestro país, en otros, incluso aunque el aborto sea ilegal, las
mujeres de alto nivel socio económico tienen a su alcance, siempre han tenido,
el dinero y los médicos privados para hacerse abortos; mientras las mujeres de
las capas populares deben enfrentar la decisión de llevar a término un embarazo
no deseado o arriesgar sus vidas en un aborto inseguro e ilegal. Según datos de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) las complicaciones de un aborto mal
practicado constituyen una de las principales causas de muerte materna,
alrededor de 70.000 mujeres al año.
El aborto sigue siendo ilegal en muchos países, también en el
nuestro, aunque contemos con una ley de plazos ya que se mantiene en el código
penal, lo que constituye una agresión a los derechos humanos de las mujeres, a
su derecho a decidir sobre lo más básico, su cuerpo, y sobre lo más general, su
vida. En el caso de las más jóvenes, desde el año 2015 deben contar con el consentimiento de los progenitores.
Se ejemplifica en la regulación del aborto las políticas represivas de gestión de la crisis. El capitalismo, este moribundo que aún no logramos enterrar, “necesita” mano de obra barata y cuerpos en los que probar sus nuevos armamentos y medicamentos. Por eso “debemos las mujeres parir, igual que se debe pagar impuestos, ser dócil o vivir y morir sin luchar. Se plan-tea un mayor control ideológico patriarcal, donde la apropiación del cuerpo de las mujeres es un modo de garantizar la acumulación y el expolio a la clase obrera. El control sobre el cuerpo de las mujeres y la reproducción sigue siendo un mecanismo de control al servicio de las clases dominantes.
El PCPE reivindica que se garantice la práctica de las
interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema sanitario público, que se
garantice su carácter universal y se normalice como prestación sanitaria para
toda mujer que decida interrumpir su embarazo, independientemente de su origen
y su situación legal. La red sanitaria pública es la única garantía de que el
derecho al aborto no se confunda con los intereses de las clínicas privadas que
lo practican. El libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos debe
ser garantizado socialmente.