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XXXII MARCHA A ROTA

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25 de septiembre de 2016

NOSOTRAS PRODUCIMOS NOSOTRAS DECIDIMOS, ABORTO LIBRE Y SEGURO EN LA SANIDAD PÚBLICA.-

El aborto no es un derecho en las sociedades capitalistas. Es un negocio. La mayoría de interrupciones de embarazos (IVE) se hacen en centros privados en nuestro país, en otros, incluso aunque el aborto sea ilegal, las mujeres de alto nivel socio económico tienen a su alcance, siempre han tenido, el dinero y los médicos privados para hacerse abortos; mientras las mujeres de las capas populares deben enfrentar la decisión de llevar a término un embarazo no deseado o arriesgar sus vidas en un aborto inseguro e ilegal. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las complicaciones de un aborto mal practicado constituyen una de las principales causas de muerte materna, alrededor de 70.000 mujeres al año.
El aborto sigue siendo ilegal en muchos países, también en el nuestro, aunque contemos con una ley de plazos ya que se mantiene en el código penal, lo que constituye una agresión a los derechos humanos de las mujeres, a su derecho a decidir sobre lo más básico, su cuerpo, y sobre lo más general, su vida. En el caso de las más jóvenes, desde el año 2015 deben contar con el consentimiento de los progenitores.

La salud sexual y reproductiva constituye un capítulo minusvalorado en la sanidad pública, que dedica escasísimos recursos a la atención de esta faceta de la vida de las personas. Así, el precio de los anticonceptivos se aleja bastan-te de estar al alcance de las trabajadoras y de sus hijas, la atención ginecológica ha ido desapareciendo de las prestaciones del sistema público, o prestándose muy deficientemente y los derechos reproductivos están concebidos como un negocio en las sociedades capitalistas. El lugar central entre esos derechos está ocupado por el aborto, decisión delicada y extrema que las mujeres no toman con frivolidad ni ligereza y que contiene enorme carga emocional y presión social.


Se ejemplifica en la regulación del aborto las políticas represivas de gestión de la crisis. El capitalismo, este moribundo que aún no logramos enterrar, “necesita” mano de obra barata y cuerpos en los que probar sus nuevos armamentos y medicamentos. Por eso “debemos las mujeres parir, igual que se debe pagar impuestos, ser dócil o vivir y morir sin luchar. Se plan-tea un mayor control ideológico patriarcal, donde la apropiación del cuerpo de las mujeres es un modo de garantizar la acumulación y el expolio a la clase obrera. El control sobre el cuerpo de las mujeres y la reproducción sigue siendo un mecanismo de control al servicio de las clases dominantes.
El PCPE reivindica que se garantice la práctica de las interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema sanitario público, que se garantice su carácter universal y se normalice como prestación sanitaria para toda mujer que decida interrumpir su embarazo, independientemente de su origen y su situación legal. La red sanitaria pública es la única garantía de que el derecho al aborto no se confunda con los intereses de las clínicas privadas que lo practican. El libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos debe ser garantizado socialmente.

Nunca los derechos afectivos, los derechos sexuales, el derecho al aborto, la autonomía sobre el propio cuerpo tendrán cabida en el capitalismo decadente, que es el único posible hoy. La única salida para las mujeres explotadas, las mujeres de la clase obrera, es la unidad en torno a un proyecto clasista que integre las reivindicaciones del feminismo de clase.