Sobrecostes y endeudamiento.
Son dos de las prácticas comunes de las administraciones públicas que tienen un
exponente relevante en el caso del Ministerio de Defensa. Pedro Morenés ha
gastado 8.717 millones más de los que tenía asignados en los Presupuestos
Generales del Estado durante esta legislatura, lo que supone un desvío de cerca
del 40%. Gran parte de esas ampliaciones se han producido por la vía del real
decreto para hacer frente a los pagos de los Programas Especiales de Armamento
(PEA) que se acordaron en 1997.
Desde que llegó al Gobierno,
Rajoy ha incrementado el gasto de Defensa cada año. En 2012, ese departamento
gastó 2.750 millones de euros por encima de lo previsto (los 6.300 que se
asignaron fueron finalmente 9.000). El siguiente ejercicio se repitió la
jugada: el aumento fue del 33% (se invirtieron 7.962 frente a los 6.008 que
figuraban en los PGE presentados por Cristóbal Montoro). En 2014, la ampliación
ascendió a 1.947 millones. Con los datos de agosto de 2015, es decir,
susceptibles de incrementarse, Defensa ha gastado 1.967 millones más de lo que
Hacienda presupuestó.
La vía empleada para
aumentar las partidas ha sido generalmente la del Real Decreto, una figura
legislativa dedicada a casos de urgente y extraordinaria necesidad. La
oposición ha recriminado a Defensa ese abuso puesto que se ha utilizado para
"hacer pagos que ya estaban previstos en el calendario", en palabras
del socialista Diego López Garrido. Los incrementos presupuestarios se han
utilizado, en gran parte, para hacer frente a los PEA.
Hace 20 años el Gobierno de
José María Aznar puso en marcha esos 19 programas de armamento para adquirir
nuevos sistemas, como aviones y carros de combate, helicópteros de ataque Tigre
o submarinos. Defensa concedió a las empresas que lo desarrollaron una
prefinanciación de 14.000 millones de euros. No se conoce el precio final de
ese programa, pero los cálculos de UPyD lo sitúan en unos 30.000 millones de
euros, el equivalente a rescatar Bankia una vez y media.
Una hipoteca de 22.500
millones
Del total quedan por
pagar unos 22.500 millones, que suponen un 2,25% del PIB. La hipoteca supondrá
un pago anual de más de 1.000 millones (en torno al 20% del presupuesto del
ministerio) hasta 2030. La diputada de UPyD Irene Lozano denuncia que la negociación
de Morenés "fue beneficiosa para la industria". Lozano sospecha que
el nombramiento de Morenés -que procedía de una empresa armamentística tras
haber estado en Defensa como secretario de Estado en el momento en que se
aprobaron los PEA- tuvo bastante que ver con mantener "el sesgo de la
industria".
"En la antigua
planificación, restaban por abonarse 20.000 millones en el periodo 2014-2025,
que pasan a ser, en la nueva planificación, 22.000 millones en un periodo más
extenso", explica el informe de UPyD 'Los Programas Especiales de
Armamento: fraude, despilfarro y utilidad' presentado el año pasado.
El segundo informe sobre el
control parlamentario en materia de Defensa, elaborado por el investigador
Bernardo Navazo para la formación, sostiene que el material armamentístico que
está provocando el incremento presupuestario se está entregando con retraso, lo
que ha provocado más inversiones que ha asumido el departamento de Morenés.
"Por los retrasos en la entrega de los submarinos S80, el Estado ha tenido
que pagar la remodelación de los que tiene para alargar su vida -ha explicado
Navazo a los periodistas-. Eso ha costado 43 millones por ahora". Además,
las empresas encargadas, como Navantia, "no han sido penalizadas".
¿A qué equivale el
sobrecoste de Defensa?
El sobrecoste de 8.717
millones de euros de Defensa equivale al doble de lo que el Gobierno ha
invertido este año en políticas activas de empleo y a seis veces lo que ha
destinado a servicios sociales. Con ese dinero, se podría implantar durante algo
más de dos años la renta mínima de inserción, propuesta por la oposición
(valorada en 3.850 millones al año).
Solo con lo que se ha
gastado de más este año en Defensa (1.967 millones de euros), se podría haber
invertido tres veces más en políticas destinadas al acceso a la vivienda, que
es la partida más limitada de los PGE (587 millones). La inversión por encima
de presupuesto en Defensa bastaría para pagar unas 290 veces lo que cuesta al
año Biblioteca Nacional, cuyo presupuesto es de 30 millones de euros.
La ampliación a un mes del
permiso de paternidad - que el Gobierno ha pospuesto una vez más- supondría
anualmente cerca de una décima parte (200 millones) de lo que se ha gastado de
más en Defensa a lo largo de 2015. Con el global extra que se ha llevado el
departamento de Morenés durante esta legislatura, el Estado podría haber
sufragado 43 años de ampliación permiso de paternidad a los españoles.
(Fuente: el diario.es)