Izquierda Unida ha pulsado el botón de “no”. Por
tercera vez desde que estalló el escándalo por el presunto fraude con los
fondos de formación en Andalucía, IU, en coalición con el PSOE en la
Junta, evitará que el Parlamento abra una comisión de investigación sobre
este asunto, como pide el Partido Popular.
La explicación oficial de IU es alambicada. Los socios
de los socialistas se mueven entre dos aguas. Admiten, en un discurso muy duro,
que la corrupción es un mal a combatir “como parte del sistema bipartidista”,
que su llegada al Gobierno andaluz supone el fin del “cortijeo” en la Junta y
es un “dique de contención” frente a desmanes anteriores, según su
portavoz, José Antonio Castro. Sin embargo,
rechazan abrir una investigación a fondo sobre un presunto fraude que investigan en paralelo cinco juzgados andaluces y que capitanea la jueza
Mercedes Alaya, que ha vuelto a poner bajo sospecha la
gestión de una partida de casi 3.000 millones de euros.
Abrir esta comisión de investigación daría la puntilla
a un acuerdo de Gobierno que atraviesa horas bajas y haría saltar por los aires el pacto en Andalucía.
Dirigentes del PSOE-A han trasladado sin medias tintas este aviso a sus socios
de Gobierno. En este asunto, admiten desde ambos partidos, no cabe ahora mismo
una negociación.
IU no cierra la puerta a apoyar que se abra una
comisión de investigación en el Parlamento. Deja claro que no va a hacer el
juego al PP con este asunto pero tampoco registra ninguna iniciativa que lleve
a arrojar luz sobre este presunto fraude, a pesar de que algunos de los doce
diputados admiten no estar cómodos en esta situación. Cuando la federación de
izquierdas ha comenzado un acercamiento a fuerzas como PODEMOS, Ganemos o
Equo ante las próximas municipales y se encuentra con críticas desde estos
partidos por su papel de socio del PSOE en la Junta, asuntos como el de la
comisión de investigación se vuelven especialmente molestos.
Desde la dirección del grupo parlamentario aseguran
que habrá disciplina de voto y ninguno de los
diputados hará la guerra por su cuenta. “En este momento no, cuando
consideremos lo haremos, como con los ERE”, asegura el portavoz parlamentario
de IU. Que añade: “Haremos todo lo posible por investigar el oscuro legado de años anteriores. Se hará cuando
lo veamos necesario, nunca lo hemos descartado”. Lo rechazaron en marzo y en
mayo. El PP ha llevado hasta siete peticiones de comisión de investigación en
los dos años y medio de legislatura.
El PSOE no lo tolera
La respuesta de los socialistas es clara: o conmigo o contra mí. Cada vez que IU deja la puerta
abierta a una comisión de investigación sobre la formación las declaraciones
del PSOE sobre “travestismo político” o la advertencia de que “se está en el
Gobierno o fuera de él” suenan muy serias. El pacto de Gobierno en Andalucía no
atraviesa su mejor momento. Hay roces provocados
por el ruido de un adelanto electoral,
el acercamiento de IU a otros partidos de izquierda como Podemos o asuntos
espinosos como la regularización de 25.000
viviendas ilegales que, de momento, los socios
minoritarios descartan apoyar.
Lo cierto es que IU no esconde que no le interesa de
ningún modo que se convoquen de forma anticipada las elecciones autonómicas y
opta por dejar fuera de su hoja de ruta aquellos temas, como el de la comisión
de investigación, que puedan hacer saltar el pacto. “Hay una obsesión morbosa por la ruptura”, zanja
Castro. Las diferencias entre los socios se pondrán de nuevo de relieve ante el
problema de 800 trabajadores de las unidades territoriales de Empleo despedidos
por la Junta tras su disolución. IU ha pedido a los socialistas que cambien de
posición y desbloqueen este asunto que se debatirá esta semana en el
Parlamento.
IU asegura que no está “incómodo” con la investigación
judicial abierta con los fondos de los cursos de formación y trata de poner
distancia. A sus consejerías les afecta, aseguran, “de refilón”. Este partido
reclamó a la Cámara de Cuentasuna auditoría más
a fondo sobre estas subvenciones y en concreto sobre el papel de una extinta
fundación de Empleo, Faffe, que ya fue duramente cuestionada por el órgano
auditor en un informe en el que advirtió
de que había49 millones en ayudas sin justificar de 2008 y 2009 y un 80% de
subvenciones otorgadas sin control. La Fiscalía abrió una
investigación de oficio al respecto. Desde la Cámara de Cuentas señalaron
a El Confidencial que esa revisión de los fondos de
formación aún no ha comenzado a realizarse y el organismo revisa la
planificación de los trabajos pendientes para incluirla en su programación
anual.
El Parlamento abrió una comisión de investigación sobre el caso de los EREfraudulentos
en 2012 que resultó un fracaso y se cerró tras
cinco meses de trabajo sin que se pudieran aprobar las conclusiones redactadas
por IU. Hacía 16 años que no se abría una comisión de investigación en la
Cámara. El voto contrario de PSOE y PP evitó que saliera a la luz ese informe
que fijaba las responsabilidades del fraude en los exconsejeros de Empleo. Los
socialistas no admitieron delimitar la responsabilidad en Antonio Fernández y José Antonio Viera. El PP tampoco porque quería llegar
a los expresidentes de la Junta,Manuel Chaves y José Antonio Griñán.