Los abajo firmantes, organizaciones sindicales, organizaciones sociales y
colectivos populares, ante la nueva agresión a la clase obrera con la que
amenaza próximamente (buscando aliados políticos y sindicales) el gobierno
oligarca del PP, referente a la disminución de las pensiones tanto en el tiempo
como en la cuantía, queremos manifestar lo siguiente:
Rechazamos radicalmente la idea extendida, por maliciosa, mentirosa, e intencionadamente criminal, utilizada por los partidos, prensa y centros “intelectuales”, al servicio del gran capital, de que las pensiones públicas están en peligro tanto por la cuantía como por el nº de receptores, y que por ello es necesario “su racionalización” para que tenga futuro el sistema público.
Rechazamos radicalmente la idea extendida, por maliciosa, mentirosa, e intencionadamente criminal, utilizada por los partidos, prensa y centros “intelectuales”, al servicio del gran capital, de que las pensiones públicas están en peligro tanto por la cuantía como por el nº de receptores, y que por ello es necesario “su racionalización” para que tenga futuro el sistema público.
No es verdad, ellos lo saben, y por lo
tanto es otra de las muchas mentiras que el capitalismo ha utilizado y utiliza
en su afán de robo y depredación de todas y cada una de las actividades
laborales y sociales que los trabajadores con su quehacer individual y
colectivo generan. Ya nos roban y explotan con el salario, ya nos esclavizan
con las condiciones laborales actuales y ahora han decidido quedarse con
nuestro futuro, privándonos de la subsistencia que nos daban las ya mínimas
pensiones. Las pensiones no están en peligro, ni por su cuantía ni por el nº de
preceptores, lo están porque el voraz capitalismo financiero, expresión final
del agonizante y moribundo capitalismo (cuya crisis sistémica y estructural le
aboca a buscar salidas desesperadas), ante la falta de rentabilidad en otros
sectores especulativos ha decidido que todos los servicios públicos, de una u
otra manera en manos del Estado, pasen a manos de las empresas financieras
privadas que naturalmente intentarán obtener de ellos los crecientes beneficios
que de otros sectores no pueden sacar. Y este precepto de obligado cumplimiento
para los gobiernos al servicio del gran capital se cumple inexorablemente y los
encargados de aplicarlo son los distintos gobiernos conservadores y
organizaciones socialdemócratas de todo pelaje (incluidos los dirigentes
sindicales que viven como lacayos del capital) que utilizando como
basamento a las instituciones que generan la ideología y tienen los
instrumentos como el FMI, el Banco Mundial, la UE y la Organización Mundial de
Comercio, además de otras corporaciones, asociaciones y grupos, aplican a
sangre y fuego la privatización de las pensiones, servicios sociales y
educación aún a costa de convertir a la clase obrera y sectores populares en
mendigos laborales y sociales.
Afirmamos, ante la clase obrera,
ante nuestros afiliados y ante la opinión pública, que los métodos de
propaganda nazi, mediante los cuales una mentira repetida mil veces llega a
convertirse en verdad, ¡no pasarán!, y que sabemos que las pensiones públicas
no dependen de la miseria cuantitativa y del nº de receptores y de lo que
vivan, dependen de los impuestos que paguen los empresarios –que no pagan, ni
una pequeña parte de los que en justicia les correspondería-, de lo que paguen
los trabajadores -que ya lo hacemos-, de las aportaciones del Estado -que cada
vez son menos por la estrategia de debilitar los sectores públicos para
justificar su privatización-, de la competitividad -que es mucha, y que no se
traslada a las finanzas públicas-, del empleo -a mayor nº de trabajadores más
dinero en caja-, y de los impuestos directos a las grandes corporaciones y
fortunas particulares.
Afirmamos con rotundidad que las
pensiones públicas no pueden depender ni ser complemento de las pensiones privadas.
Que ningún sistema de pensiones privados ha logrado, ni de lejos, cubrir las
necesidades básicas de la inmensa mayoría de la población en ninguno de los
países en que se han implantado. En todos los lugares la rentabilidad privada
de las inversiones en jubilación ha sido siempre inferior al IPC, en cualquiera
de los territorios en que se han implementado. Por ello la inversión privada en
pensiones es antieconómica para los inversores, no cubre los mínimos de
subsistencia y está permanentemente expuesta a la especulación y a la
desaparición. Ejemplos los hay a miles, quiebras de los fondos privados ha
habido y habrá mientras haya capitalismo.
Denunciamos que el documento de
la mal llamada Comisión de Expertos no es más que un engendro ideológico, anti-obrero
y antipopular, de un grupo de trabajo al servicio del gobierno en lo político,
y al servicio de la banca y las grandes compañías aseguradoras en lo económico.
No aceptamos por lo tanto, por interesadas, las recomendaciones emanadas de su
informe y aprovechamos para denunciar la complicidad por acción u omisión de
los que dicen representar los intereses de los trabajadores (nos referimos en
especial al “representante” de CCOO) y que con su posición avalan las próximas
y graves medidas que en materia de pensiones va a tomar el gobierno del
PP.
En el Estado español algunas de
las medidas que se proponen, y que se quieren modificar a la baja, parten de
realidades casi de los orígenes de la aparición del capitalismo. Partimos de
una situación ya paupérrima en la que el 51'58 % (casi 5 millones) de
pensionistas cobran una cuantía por debajo del Salario Mínimo Interprofesional
(630'45 euros) y esta cantidad quieren bajarla aplicando criterios
productivistas y demográficos. Hay que recordar que el 21 % de la población
española está por debajo del umbral de pobreza, muchos de ellos pensionistas, y
que estas medidas de rebajas de pensiones multiplicarían este porcentaje. Es
necesario también recordar que, de los 8'3 millones de pensionistas, muchos de
ellos mantienen al conjunto de su familia, la bajada real de las pensiones
colocaría a estas familias en la marginalidad más absoluta.
Frente a esta breve descripción
de la situación de los pensionistas y jubilados es necesario señalar que hacer
depender las pensiones, como propone el sistema capitalista, del déficit
público es criminal, porque además de partir de una imposibilidad
constitucional de subida del déficit público firmada por el PP y el PSOE, están
las políticas oligarcas de la Unión Europea y las del FMI, y la OCDE, que la
imposibilitan totalmente. En necesario recordar que esa imposibilidad respecto
a la subida del déficit la obviaron estos organismos explotadores y criminales
cuando no dijeron nada sobre la inyección al golfo sistema bancario español de
41.000 millones de euros y un aval general público de 300.000 millones. No
dicen nada de los 80.000 millones de euros de fraude fiscal a través de
desgravaciones, deducciones, SICAV patrimonio, fondos, etc. Resumiendo no dicen
nada de que las rentas altas han aumentado 6 veces sus ingresos, incluidas las
pensiones millonarias de los que hacen estas propuestas de reducción de las
pensiones de la mayoría de la población, y sus aportaciones como rentas
privilegiadas han disminuido en 10 veces. Esto es la racionalización
capitalista, y los falsos brotes verdes.
Por ello y con el fin de
clarificar el interesado debate sobre las pensiones y evitar que se hable de
elementos que dispersan la atención sobre el tema fundamental, los abajo
firmantes señalan con rotundidad que las actuales pensiones pueden y deben ser
elevadas cuantitativa y cualitativamente, que no deben depender única y
exclusivamente de las aportaciones de los trabajadores (que es lo que
pretenden) y que absolutamente todo tipo de pensiones y servicios caben en los
Presupuestos Generales del Estado (sobre todo si se suprimen los enormes gastos
para la represión y para aportar a la OTAN lo que nos reclama para
mantener y seguir con los genocidios como los realizados en Irak, Afganistán, Libia,
Mali y Siria). Naturalmente también entendemos que esto no es posible: sin
acabar con la corrupción, sin una subida de impuestos dura y contundente sobre
los sectores oligárquicos, sin una persecución a la evasión de capitales, sin
una participación mayoritaria del Estado en la economía, y por supuesto, y como
objetivo estratégico, con una sociedad de carácter socialista, sin la cual no
es posible ningún avance sustancial en los derechos de los trabajadores.
Para conseguir cambiar esta realidad unimos
nuestros esfuerzos firmando este documento.
En el estado español, a 11 de
Julio de 2013.
FIRMANTES: CSU (Central
Sindical Unitaria de Pensionistas y Jubilados); Frente Sindical Obrero de
Canarias; Opción Sindical de Base; Alternativa Sindical de
Trabajadores; CSU - Extremadura; Colectivo Unitario de Trabajadores -
Intersindical de Aragón; JUBIQUÉ, Asociación Independiente de Prejubilados y
Jubilados; CSM (Coordinadora Sindical de Madrid); CSC
(Coordinadora Sindical de Clase); Intersindical-CSC; Justicia Existe;
Confederación Intersindical; CTA (Coordinadora de Trabajadores de
Andalucía); Sindicat de l'Administració de Catalunya; Comisiones de Base
(COBAS); Intersindical Alternativa de Catalunya; Intersindical Canaria;
Corriente Sindical de Izquierda; Coordinadora Obrera Sindical; EsK (Ezker
Sindikalaren Konbergentzia); SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores).
