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15 de julio de 2013

MANIFIESTO DE ORGANIZACIONES DE CLASE DEL ESTADO ESPAÑOL SOBRE EL TEMA PENSIONES

Los abajo firmantes, organizaciones sindicales, organizaciones sociales y colectivos populares, ante la nueva agresión a la clase obrera con la que amenaza próximamente (buscando aliados políticos y sindicales) el gobierno oligarca del PP, referente a la disminución de las pensiones tanto en el tiempo como en la cuantía, queremos manifestar lo siguiente:

 Rechazamos radicalmente la idea extendida, por maliciosa, mentirosa, e intencionadamente criminal, utilizada por los partidos, prensa y centros “intelectuales”, al servicio del gran capital, de que las pensiones públicas están en peligro tanto por la cuantía como por el nº de receptores, y que por ello es necesario “su racionalización” para que tenga futuro el sistema público.



No es verdad, ellos lo saben, y por lo tanto es otra de las muchas mentiras que el capitalismo ha utilizado y utiliza en su afán de robo y depredación de todas y cada una de las actividades laborales y sociales que los trabajadores con su quehacer individual y colectivo generan. Ya nos roban y explotan con el salario, ya nos esclavizan con las condiciones laborales actuales y ahora han decidido quedarse con nuestro futuro, privándonos de la subsistencia que nos daban las ya mínimas pensiones. Las pensiones no están en peligro, ni por su cuantía ni por el nº de preceptores, lo están porque el voraz capitalismo financiero, expresión final del agonizante y moribundo capitalismo (cuya crisis sistémica y estructural le aboca a buscar salidas desesperadas), ante la falta de rentabilidad en otros sectores especulativos ha decidido que todos los servicios públicos, de una u otra manera en manos del Estado, pasen a manos de las empresas financieras privadas que naturalmente intentarán obtener de ellos los crecientes beneficios que de otros sectores no pueden sacar. Y este precepto de obligado cumplimiento para los gobiernos al servicio del gran capital se cumple inexorablemente y los encargados de aplicarlo son los distintos gobiernos conservadores y organizaciones  socialdemócratas de todo pelaje (incluidos los dirigentes sindicales que viven como lacayos del capital) que  utilizando como basamento a las instituciones que generan la ideología y tienen los instrumentos como el FMI, el Banco Mundial, la UE y la Organización Mundial de Comercio, además de otras corporaciones, asociaciones y grupos, aplican a sangre y fuego la privatización de las pensiones, servicios sociales y educación aún a costa de convertir a la clase obrera y sectores populares en mendigos laborales y sociales.

 Afirmamos, ante la clase obrera, ante nuestros afiliados y ante la opinión pública, que los métodos de propaganda nazi, mediante los cuales una mentira repetida mil veces llega a convertirse en verdad, ¡no pasarán!, y que sabemos que las pensiones públicas no dependen de la miseria cuantitativa y del nº de receptores y de lo que vivan, dependen de los impuestos que paguen los empresarios –que no pagan, ni una pequeña parte de los que en justicia les correspondería-, de lo que paguen los trabajadores -que ya lo hacemos-, de las aportaciones del Estado -que cada vez son menos por la estrategia de debilitar los sectores públicos para justificar su privatización-, de la competitividad -que es mucha, y que no se traslada a las finanzas públicas-, del empleo -a mayor nº de trabajadores más dinero en caja-, y de los impuestos directos a las grandes corporaciones y fortunas particulares.

  Afirmamos con rotundidad que las pensiones públicas no pueden depender ni ser complemento de las pensiones privadas. Que ningún sistema de pensiones privados ha logrado, ni de lejos, cubrir las necesidades básicas de la inmensa mayoría de la población en ninguno de los países en que se han implantado. En todos los lugares la rentabilidad privada de las inversiones en jubilación ha sido siempre inferior al IPC, en cualquiera de los territorios en que se han implementado. Por ello la inversión privada en pensiones es antieconómica para los inversores, no cubre los mínimos de subsistencia y está permanentemente expuesta a la especulación y a la desaparición. Ejemplos los hay a miles, quiebras de los fondos privados ha habido y habrá mientras haya capitalismo.

  Denunciamos que el documento de la mal llamada Comisión de Expertos no es más que un engendro ideológico, anti-obrero y antipopular, de un grupo de trabajo al servicio del gobierno en lo político, y al servicio de la banca y las grandes compañías aseguradoras en lo económico. No aceptamos por lo tanto, por interesadas, las recomendaciones emanadas de su informe y aprovechamos para denunciar la complicidad por acción u omisión de los que dicen representar los intereses de los trabajadores (nos referimos en especial al “representante” de CCOO) y que con su posición avalan las próximas y graves  medidas que en materia de pensiones va a tomar el gobierno del PP.

  En el Estado español algunas de las medidas que se proponen, y que se quieren modificar a la baja, parten de realidades casi de los orígenes de la aparición del capitalismo. Partimos de una situación ya paupérrima en  la que el 51'58 % (casi 5 millones) de pensionistas cobran una cuantía por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (630'45 euros) y esta cantidad quieren bajarla aplicando criterios productivistas y demográficos. Hay que recordar que el 21 % de la población española está por debajo del umbral de pobreza, muchos de ellos pensionistas, y que estas medidas de rebajas de pensiones multiplicarían este porcentaje. Es necesario también recordar que, de los 8'3 millones de pensionistas, muchos de ellos mantienen al conjunto de su familia, la bajada real de las pensiones colocaría a estas familias en la marginalidad más absoluta.

  Frente a esta breve descripción de la situación de los pensionistas y jubilados es necesario señalar que hacer depender las pensiones, como propone el sistema capitalista, del déficit público es criminal, porque además de partir de una imposibilidad constitucional de subida del déficit público firmada por el PP y el PSOE, están las políticas oligarcas de la Unión Europea y las del FMI, y la OCDE, que la imposibilitan totalmente. En necesario recordar que esa imposibilidad respecto a la subida del déficit la obviaron estos organismos explotadores y criminales cuando no dijeron nada sobre la inyección al golfo sistema bancario español de 41.000 millones de euros y un aval general público de 300.000 millones. No dicen nada de los 80.000 millones de euros de fraude fiscal a través de desgravaciones, deducciones, SICAV patrimonio, fondos, etc. Resumiendo no dicen nada de que las rentas altas han aumentado 6 veces sus ingresos, incluidas las pensiones millonarias de los que hacen estas propuestas de reducción de las pensiones de la mayoría de la población, y sus aportaciones como rentas privilegiadas han disminuido en 10 veces. Esto es la racionalización capitalista, y los falsos brotes verdes.

 Por ello y con el fin de clarificar el interesado debate sobre las pensiones y evitar que se hable de elementos que dispersan la atención sobre el tema fundamental, los abajo firmantes señalan con rotundidad que las actuales pensiones pueden y deben ser elevadas cuantitativa y cualitativamente, que no deben depender única y exclusivamente de las aportaciones de los trabajadores (que es lo que pretenden) y que absolutamente todo tipo de pensiones y servicios caben en los Presupuestos Generales del Estado (sobre todo si se suprimen los enormes gastos para la represión y para aportar a  la OTAN lo que nos reclama para mantener y seguir con los genocidios como los realizados en Irak, Afganistán, Libia, Mali y Siria). Naturalmente también entendemos que esto no es posible: sin acabar con la corrupción, sin una subida de impuestos dura y contundente sobre los sectores oligárquicos, sin una persecución a la evasión de capitales, sin una participación mayoritaria del Estado en la economía, y por supuesto, y como objetivo estratégico, con una sociedad de carácter socialista, sin la cual no es posible ningún avance sustancial en los derechos de los trabajadores.


Para conseguir cambiar esta realidad unimos nuestros esfuerzos firmando este documento.

 En el estado español, a 11 de Julio de 2013.


FIRMANTES:  CSU (Central Sindical Unitaria de Pensionistas y Jubilados); Frente Sindical Obrero de Canarias; Opción Sindical de BaseAlternativa Sindical de Trabajadores; CSU - Extremadura; Colectivo Unitario de Trabajadores - Intersindical de Aragón; JUBIQUÉ, Asociación Independiente de Prejubilados y Jubilados; CSM (Coordinadora Sindical de Madrid); CSC (Coordinadora Sindical de Clase); Intersindical-CSC; Justicia Existe; Confederación Intersindical; CTA (Coordinadora de Trabajadores de Andalucía); Sindicat de l'Administració de Catalunya; Comisiones de Base (COBAS); Intersindical Alternativa de Catalunya; Intersindical Canaria; Corriente Sindical de Izquierda; Coordinadora Obrera Sindical; EsK (Ezker Sindikalaren Konbergentzia); SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores).