La reforma de Rajoy, que entrará en
vigor en 2014, planteará abiertamente la reducción nominal de las pensiones
actuales y eliminará la revalorización automática vinculada al IPC, como se ha
hecho hasta ahora.
El equipo de 12 expertos
“independientes” designados por el Gobierno para revisar el sistema de
pensiones, de los cuales sólo tres defienden abiertamente un modelo público, ya
ha elaborado su dictamen, aunque en las últimas horas han trascendido discrepancias
en el grupo que podrían llevar a algunos retoques.
La nueva reforma llega
tras la última que impulsó el presidente Zapatero y que entró en vigor
en enero pasado, con lo que no habrá tiempo de estudiar sus efectos. La reforma
de Zapatero, que ya supone una sensible reducción del gasto en pensiones y que
eleva la edad de jubilación hasta los 67 años, fue refrendada sin el voto
favorable del hoy gobernante Partido Popular.
Como ya anticipó El
Mono Político, todo apunta a que la reforma de Rajoy, que entrará en
vigor en 2014, planteará abiertamente la reducción nominal de las pensiones
actuales y eliminará la revalorización automática vinculada al IPC, como se
ha hecho hasta ahora. Esto supone, de facto, que se rompa la tónica
histórica y la tendencia del ciclo vital que permite a los perceptores
tener certeza sobre sus rentas futuras y planificar así sus decisiones de
consumo e inversión.
De aprobarse el
dictamen de los expertos, se introducirá una alta dosis de inequidad en
el cálculo de las pensiones futuras, al incorporarse un factor de sostenibilidad
que utiliza variables sujetas a gran incertidumbre, como los ingresos y
gastos futuros de la Seguridad Social y la esperanza de vida. No hay que
olvidar que la esperanza de vida es muy distinta entre hombres y
mujeres, y entre rentas altas y bajas. En EEUU, por ejemplo, diversos estudios
demuestran que la esperanza de vida en las rentas más altas es diez años mayor
que las rentas más bajas. Entre hombres y mujeres la diferencia también oscila
entre cinco y siete años a favor de las mujeres. Como es bien sabido, la
Comisión Europea prohibe la discriminación entre géneros. Por ello, habría que
eliminar la variable esperanza de vida por la inequidad que genera.
Otro aspecto
importante es que las decisiones políticas y discrecionales –como el régimen de
cotizaciones a la Seguridad Social–, así como la evolución del ciclo económico,
afectarán directamente a los pensionistas más vulnerables. Sorprende que
entre el grupo de supuestos expertos nadie plantee elevar las bases de
cotización como elemento básico para mejorar la sostenibilidad del sistema
público de pensiones.
Con todo, la fórmula
elegida para la revalorización de las pensiones, que incorpora estas variables,
es lo suficientemente compleja para la correcta comprensión por parte de los
afectados. Se trata de una ironía más, ya que choca contra las
recomendaciones de sencillez por parte de los expertos para que el nuevo
esquema sea aceptado por los presentes y futuros pensionistas. Otra ironía es
que este grupo también recomiende que ninguna pensión sea “insuficiente”,
cuando, por la fórmula elegida, las pensiones iniciales futuras podrían caer
entre un 6% y un 12%. Al parcer, los supuestos expertos comprten la
afirmación del director de la fundación FEDEA, Michele Boldrin, de que
los jubilados en España viven muy bien y tienen pensiones muy altas, por lo que
habría mucho margen para recortarlas sin que dejen de ser “suficientes”.
En resumen, si los acontecimientos siguen su curso, los pensionistas
presentes y futuros verán disminuida su pensión, perderán poder adquisitivo y
se acrecentará la inequidad entre percentiles de renta y géneros. Como en el
caso de la sanidad, se legislará en función de los intereses de las grandes
aseguradoras y bancos. La incertidumbre marcará la senda de consumo de los
pensionistas y sus descendientes, lo que perjudicará a toda la economía
nacional.
