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UPOA 8 DE MARZO 2019

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3 de junio de 2013

LA AUDIENCIA CONFIRMA LA SANCIÓN DE 12 EXCONSEJEROS DE CAJASUR

Es el llamado grupo institucional, entre ellos los exvicepresidentes Salvador Blanco y Juan Ojeda
Una de las últimas asambleas de Cajasur antes de ser intervenida por el Banco de España. A.J. GONZÁLEZ
Apoyaron la fusión con Unicaja, pero la Audiencia Nacional les ha mantenido la sanción. El tribunal ha vuelto a rechazar los argumentos de los exconsejeros de Cajasur con una nueva sentencia en la que ratifica la sanción impuesta por el Ministerio de Economía como consecuencia del expediente abierto tras la intervención, el 21 de mayo del 2010, de la extinta caja de ahorros cordobesa. Esta vez se desestima un recurso colectivo interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo por un grupo de 12 exconsejeros de los llamados "institucionales", dado que representaban a las administraciones (Diputación, ayuntamientos y Junta de Andalucía) en el consejo de administración de la entidad, y para los que la cuantía sumada de las sanciones alcanza un montante de 535.000 euros.

En ese grupo institucional hay 8 exconsejeros que formaron parte del último mandato de Cajasur. Sus sanciones, aun siendo elevadas, son muy inferiores a las aplicadas a los exconsejeros de la última etapa que votaron en contra de la fusión con Unicaja y dieron lugar a la intervención de la entidad. A estos últimos (los seis canónigos de la entidad fundadora, el Cabildo, 4 de los 5 impositores y el representante del personal) se les impusieron cuatro sanciones, mientras a los "institucionales" del último consejo se les redujeron los cargos a dos al aceptar el Supervisor parte de sus argumentos.
DOS SANCIONES // Entre los consejeros a los que esta última sentencia --dictada el pasado 22 de mayo-- mantiene las multas se incluyen dos exvicepresidentes: el vicepresidente primero, Salvador Blanco (PSOE, nombrado en representación de la entidad cofundadora, la Diputación), y el vicepresidente tercero, Juan Ojeda (PP, nombrado en representación de la Junta de Andalucía), a los que se ratifica la multa de 78.000 y y 74.000 euros, respectivamente. Así las cosas, los tres vicepresidentes que tuvo Cajasur en su última etapa han visto ratificada su sanción, ya que la primera de las sentencias --publicada a finales de febrero-- rechazó el recurso del vicepresidente segundo, el canónigo Fernando Cruz-Conde, y le confirmó la multa de 140.000 euros por las cuatro infracciones que le atribuyó el Banco de España y mantuvo el Ministerio de Economía.
Junto los dos citados figuran otros seis exconsejeros de la última etapa de la caja que votaron, como ellos, a favor de la fusión con Unicaja que hubiera impedido la quiebra, intervención y subasta de Cajasur. Se trata de Andrés Hens (IU), Juan Pablo Durán (secretario general del PSOE cordobés entonces y ahora y actual portavoz socialista en el Ayuntamiento), M Angeles Delgado (PSOE), Encarnación Ortiz (PSOE, exalcaldesa de Priego), José Luis Bergillos (PSOE, exalcalde de Lucena) y Luisa Ruiz (PSOE, exalcaldesa de Peñarroya). A todos ellos se les atribuyen dos infracciones, la primera por no haber mantenido mecanismos eficaces de control interno y de los riesgos y la segunda por haber superado la caja los límites de grandes riesgos establecidos por la normativa. Sus sanciones oscilan entre los 20.000 y 64.000 euros.
UNA SANCIÓN // Los otros cuatro sancionados de este grupo de 12 que se unió para una defensa común pertenecen a consejos de administración anteriores, dado que el expediente del Banco de España abarca a los 35 exconsejeros y a 3 de los 5 directores generales de Cajasur que tuvieron mandato entre julio del 2005 y mayo del 2010. A estos cuatro se les atribuye una única infracción, la referida al control de riesgos, con multas que oscilan entre los 20.000 y los 51.000 euros, más bajas para Francisco Cárdenas (IU) y María José Lara (PSOE) por pertenecer a etapas más remotas, y más elevadas para el exalcalde de Córdoba Andrés Ocaña (IU) y el exalcalde de La Carlota, Francisco Pulido (PSOE), que terminaron su mandato en el 2008.
ARGUMENTOS DESCARTADOS // La ponente, Mercedes Pedraz, rechaza todas las alegaciones de los 12 expedientados, si bien en términos menos duros que en sentencias anteriores. Sobre el hecho de que la grave situación de Cajasur se fraguó en torno al 2004, señala que "lejos de mejorar, no hizo sino empeorar de forma significativa y grave", pasando los recursos propios de 445 millones de euros en el 2009 a --21 millones el 31 de mayo del 2010. Añade que los recurrentes "participaron en la toma de decisiones" y "tuvieron conocimiento" de la gestión empresarial que se agravó por exceso de concentración de riesgos durante su mandato. Aclara que es posible sancionar no solo por una acción, sino por "la inactividad del sujeto" cuando la ley lo sitúa en posición de garante, y, sobre la falta de proporción de las multas impuestas, aduce que no son las más altas posibles.