Es el llamado grupo institucional, entre
ellos los exvicepresidentes Salvador Blanco y Juan Ojeda
Una de las últimas asambleas de Cajasur
antes de ser intervenida por el Banco de España. A.J. GONZÁLEZ
Apoyaron la fusión con Unicaja, pero la Audiencia Nacional les ha mantenido
la sanción. El tribunal ha vuelto a rechazar los argumentos de los exconsejeros
de Cajasur con una nueva sentencia en la que ratifica la sanción impuesta por
el Ministerio de Economía como consecuencia del expediente abierto tras la
intervención, el 21 de mayo del 2010, de la extinta caja de ahorros cordobesa.
Esta vez se desestima un recurso colectivo interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo por un grupo de 12 exconsejeros de los llamados
"institucionales", dado que representaban a las administraciones
(Diputación, ayuntamientos y Junta de Andalucía) en el consejo de
administración de la entidad, y para los que la cuantía sumada de las sanciones
alcanza un montante de 535.000 euros.
En ese grupo institucional hay 8 exconsejeros que formaron parte del último
mandato de Cajasur. Sus sanciones, aun siendo elevadas, son muy inferiores a
las aplicadas a los exconsejeros de la última etapa que votaron en contra de la
fusión con Unicaja y dieron lugar a la intervención de la entidad. A estos
últimos (los seis canónigos de la entidad fundadora, el Cabildo, 4 de los 5
impositores y el representante del personal) se les impusieron cuatro
sanciones, mientras a los "institucionales" del último consejo se les
redujeron los cargos a dos al aceptar el Supervisor parte de sus argumentos.
DOS SANCIONES // Entre los consejeros a los que esta última sentencia --dictada el pasado
22 de mayo-- mantiene las multas se incluyen dos exvicepresidentes: el
vicepresidente primero, Salvador Blanco (PSOE, nombrado en representación de la
entidad cofundadora, la Diputación), y el vicepresidente tercero, Juan Ojeda
(PP, nombrado en representación de la Junta de Andalucía), a los que se
ratifica la multa de 78.000 y y 74.000 euros, respectivamente. Así las cosas,
los tres vicepresidentes que tuvo Cajasur en su última etapa han visto
ratificada su sanción, ya que la primera de las sentencias --publicada a
finales de febrero-- rechazó el recurso del vicepresidente segundo, el canónigo
Fernando Cruz-Conde, y le confirmó la multa de 140.000 euros por las cuatro
infracciones que le atribuyó el Banco de España y mantuvo el Ministerio de
Economía.
Junto los dos citados figuran otros seis exconsejeros de la última etapa de
la caja que votaron, como ellos, a favor de la fusión con Unicaja que hubiera
impedido la quiebra, intervención y subasta de Cajasur. Se trata de Andrés Hens
(IU), Juan Pablo Durán (secretario general del PSOE cordobés entonces y ahora y
actual portavoz socialista en el Ayuntamiento), M Angeles Delgado (PSOE),
Encarnación Ortiz (PSOE, exalcaldesa de Priego), José Luis Bergillos (PSOE,
exalcalde de Lucena) y Luisa Ruiz (PSOE, exalcaldesa de Peñarroya). A todos
ellos se les atribuyen dos infracciones, la primera por no haber mantenido
mecanismos eficaces de control interno y de los riesgos y la segunda por haber
superado la caja los límites de grandes riesgos establecidos por la normativa.
Sus sanciones oscilan entre los 20.000 y 64.000 euros.
UNA SANCIÓN // Los otros cuatro sancionados de este grupo de 12 que se unió para una
defensa común pertenecen a consejos de administración anteriores, dado que el
expediente del Banco de España abarca a los 35 exconsejeros y a 3 de los 5
directores generales de Cajasur que tuvieron mandato entre julio del 2005 y
mayo del 2010. A estos cuatro se les atribuye una única infracción, la referida
al control de riesgos, con multas que oscilan entre los 20.000 y los 51.000
euros, más bajas para Francisco Cárdenas (IU) y María José Lara (PSOE) por
pertenecer a etapas más remotas, y más elevadas para el exalcalde de Córdoba
Andrés Ocaña (IU) y el exalcalde de La Carlota, Francisco Pulido (PSOE), que
terminaron su mandato en el 2008.
ARGUMENTOS DESCARTADOS // La ponente, Mercedes Pedraz, rechaza
todas las alegaciones de los 12 expedientados, si bien en términos menos duros
que en sentencias anteriores. Sobre el hecho de que la grave situación de
Cajasur se fraguó en torno al 2004, señala que "lejos de mejorar, no hizo
sino empeorar de forma significativa y grave", pasando los recursos
propios de 445 millones de euros en el 2009 a --21 millones el 31 de mayo del
2010. Añade que los recurrentes "participaron en la toma de
decisiones" y "tuvieron conocimiento" de la gestión empresarial
que se agravó por exceso de concentración de riesgos durante su mandato. Aclara
que es posible sancionar no solo por una acción, sino por "la inactividad
del sujeto" cuando la ley lo sitúa en posición de garante, y, sobre la
falta de proporción de las multas impuestas, aduce que no son las más altas
posibles.